Las 3 fórmulas “kirchneristas” que aplica el gobierno de Mauricio Macri para contener la crisis económica en Argentina

“Vamos a ver cómo es, el Reino del Revés”, dice la popular canción infantil argentina de María Elena Walsh. Aunque la escribió en la década de 1960, cualquiera podría pensar que hace referencia a la Argentina de hoy.

Por lo menos, en lo que hace a la política económica.

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Y es que, enfrentado a una situación inusitada, el gobierno de Mauricio Macri ha implementado una serie de medidas que son tan contradictorias con sus políticas anteriores que incluso parecen salidas de un manual kirchnerista, la fuerza política opuesta al macrismo:

Son congelamiento de tarifas, default selectivo y control de capitales.

De hecho, son todas medidas que estaban vigentes hace casi exactamente cuatro años, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en el poder y Macri era su principal rival.

El entonces candidato a la presidencia fue muy crítico con estas políticas y en gran parte fue su promesa de revertirlas lo que le permitió alzarse con el triunfo en los comicios de finales de 2015.

Macri cumplió con su palabra: apenas asumió puso fin a estas medidas y durante su gobierno impulsó las políticas contrarias.

Sin embargo, en el Reino del Revés las cosas se dieron vuelta: hoy Macri es el líder cuestionado y Cristina Fernández de Kirchner la rival que lo critica, aunque esta vez no desde una candidatura presidencial sino como postulante a la vicepresidencia, en alianza con su exjefe de gabinete, Alberto Fernández.

“Los Fernández”, como les dicen muchos, son los favoritos para ganar los comicios del próximo 27 de octubre, luego de haber arrasado en las elecciones primarias (PASO) de agosto, en las que superaron al macrismo por el 49,5% de los votos contra el 33%.

La ventaja del kirchnerismo en las PASO fue tan abultada -y tan difícil de revertir-, que muchos lo leyeron como un triunfo anticipado. Así lo entendieron los mercados, que el día después de los comicios se desplomaron, como reacción a un probable regreso kichnerista.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires perdieron en promedio la mitad de su valor y el peso se devaluó casi un 25% en un solo día, lo que se trasladó casi automáticamente a los precios.

Ante este escenario, el gobierno de Macri reaccionó volviendo a aplicar algunas de las fórmulas que tanto había criticado durante el kirchnerismo.

Aquí te contamos las tres medidas principales, y por qué son tan polémicas.

CONGELAMIENTO DE TARIFAS

Una de las cosas que más se le cuestionó a Cristina Fernández, en su momento, es que mantuviera congeladas las tarifas de los servicios públicos, una medida que se había implementado en tiempos de emergencia, tras la debacle económica de 2001, pero que se mantuvo cuando la situación económica mejoró.

El kirchnerismo subsidió fuertemente la energía y el transporte y congeló las tarifas, haciendo que estos servicios resultaran baratísimos para el bolsillo de los argentinos, una política que los críticos tacharon de "populista".

Pero el enorme gasto estatal ahondó el déficit fiscal y el congelamiento de las tarifas llevó a un grave deterioro del sistema eléctrico, por falta de inversiones.

Argentina también perdió su autoabastecimiento energético.

Macri fue uno de los que más criticó estas políticas y durante su campaña prometió que, de ganar, normalizaría las tarifas para solucionar los problemas.

Al mes de estar gobernando empezó con los ajustes, pero el desfasaje entre el costo real —en dólares— de la energía, y las tarifas que se estaban pagando en pesos era tal (una diferencia de casi 1400%, según estimaciones de la prensa local), que debió aplicar aumentos gigantes, que golpearon su popularidad.

Los “tarifazos” —como los bautizaron los argentinos— se siguieron sucediendo durante los siguientes años de su mandato y nunca pararon, debido a que el continuo problema de inflación siguió generando una brecha entre los costos en dólares de los hidrocarburos y las tarifas en pesos.

A pesar del gran malhumor social que generaron, Macri mantuvo firme sus políticas y obtuvo algunos réditos: los cortes eléctricos y de gas se redujeron y Argentina se encaminó a recuperar su autoabastecimiento energético.

Sin embargo, con la llegada del año electoral, y tras un 2018 que terminó con un 47,6% de inflación, el gobierno anunció un pequeño respiro: prometió que no habría más aumentos de electricidad, gas y transportes público en la segunda mitad del año.

Pero los malísimos resultados electorales de las PASO, en agosto, y la arrasadora devaluación/inflación que llegó después, llevaron a Macri a pegar un volantazo mucho más fuerte.

Cinco días después de la derrota y en medio de una disparada del dólar (que aumentó de cerca de 47 a 59 pesos) el mandatario firmó un “decreto de necesidad y urgencia” para congelar el precio de los combustibles por 90 días.

“Ante la magnitud de los recientes acontecimientos económico financieros desencadenados, de público conocimiento, es obligación del Poder Ejecutivo Nacional utilizar los instrumentos a su alcance y adoptar las medidas específicas necesarias para proteger a los consumidores”, detalló el decreto.

Los ataques contra las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, que llevaron a un aumento internacional del precio del petróleo, hicieron que el gobierno flexibilizara levemente su postura, permitiendo un aumento de precios del 4%.

Pero eso no evitó las críticas de la industria petrolera, incluyendo las de Juan José Aranguren, el primer ministro de Energía y Minería de Macri, hoy consultor privado, quien señaló que el decreto significaba “un retroceso significativo” y podría generar los mismos problemas que hubo durante el kirchnerismo.

“La dinámica observada en el pasado en la Argentina debería ser razón suficiente para tener extrema cautela en la implementación de medidas que puedan afectar el nivel de inversión sectorial”, advirtió.

“DEFAULT SELECTIVO”

Cuando el kirchnerismo llegó al poder en 2003, de la mano de Néstor Kirchner, Argentina estaba en default. La deuda soberana —de unos US$100.000 millones— había dejado de pagarse a finales de 2001, en medio de la peor debacle económica que sufrió el país.

Kirchner y luego su esposa y sucesora lograron reestructurar la deuda a través de dos canjes, en 2005 y 2010, y pudieron acordar con el 93% de los acreedores.

Sin embargo, el restante 7% —conocidos como los “holdouts”— se negaron a aceptar un canje. Liderados por fondos especulativos -o " fondos buitre", que compran deuda soberana de países en crisis- acudieron a la Justicia de Estados Unidos para obligar a Argentina a pagarles el valor total de sus bonos: unos US$1.500.

Pero a pesar de que el juez de Nueva York Thomas Griesa les dio la razón, los Kirchner se negaron a pagarles, acusando a los fondos de ser "caranchos" (aves de rapiña) que querían beneficiarse de la especulación financiera, a costa de los argentinos.

En 2014 Griesa prohibió al país seguirle pagando al resto de sus bonistas hasta que acordara con los holdouts, llevando a Argentina a un “default selectivo”.

Si bien muchos en el país defendieron la postura del gobierno, algunos —como Mauricio Macri— señalaron que esa pelea dañaba a Argentina, limitando su acceso al crédito.

Durante su campaña, Macri dijo que llegaría a un acuerdo para salir del default y así lo hizo en abril de 2016, cuatro meses después de asumir.

Debido a los intereses acumulados durante los 15 años que duró el default parcial, Argentina terminó pagando unos US$9.000 millones a los holdouts.

“Se trata de un hito importante para los argentinos, el cierre de una etapa que termina después de más de una década de aislamiento y conflicto para dar paso a una nueva época que llegará con inversiones”, celebró Macri.

Sin embargo, las inversiones extranjeras nunca llegaron. O más bien, fueron solo inversiones especulativas, generadas a través de un mecanismo conocido como la “bicicleta financiera”.

Un poco más de tres años después de salir del default y en medio de una nueva crisis económica, Macri anunció que retrasaría el pago de parte de la deuda del país, indicando que algunos tenedores de letras del tesoro recibirían un pago en cuotas -15% a la fecha de expiración, 25% a los tres meses y 60% a los seis-, en vez del total adeudado.

El flamante ministro de Economía Hernán Lacunza, nombrado tras la crisis que explotó después de las PASO, lo llamó un "reperfilamiento de la deuda".

Pero para la calificadora de riesgo Standard & Poors se trató de un nuevo “default selectivo”, y así Argentina volvió a caer en esa categoría.

Si bien la nota crediticia del país volvió a subir cuando se empezaron a pagar las cuotas anunciadas, algunos consideran el aplazamiento de los pagos como una señal de que Argentina podría estar encaminada a otro default.

Eso, al menos, es lo que refleja el “riesgo país”, el índice que mide cuán riesgosa es la deuda pública de un país, y que en el caso argentino ha superado los 2.000 puntos, unas diez veces más que los índices de las otras grandes economías de la región, como Brasil y México.

CONTROL DE CAPITALES

La medida de contención anunciada por Macri que más ha generado enojo —sobre todo dentro su propio electorado— es la de imponer límites sobre la compra de divisas y sobre el giro de moneda extranjera al exterior.

Los controles de capitales —conocidos en Argentina con el eufemismo de “cepo cambiario”— fueron una de las políticas más controvertidas de Cristina Fernández, y pocos los criticaron más que Macri.

Fue una de las banderas de su campaña presidencial cuestionar estos mecanismos, a los que llamó "un error".

Y cuando asumió la presidencia cumplió con su promesa: a la semana eliminó el “cepo”, provocando un “sinceramiento” del tipo de cambio que hizo que el peso se devaluara cerca del 40%.

Incluso en tiempos más recientes Macri siguió siendo crítico de las "restricciones K". En mayo pasado dijo que medidas como el cepo convirtieron a Argentina "en un socio en el que no se podía confiar".

No obstante, ante la enorme fuga de dólares que provocó el inesperado triunfo kirchnerista en las PASO, que amenazaba con diezmar las reservas internacionales del país, Macri hizo lo impensado y anunció nuevas restricciones (aunque mucho menos severas que las de 2011-2015).

A pesar de que el gobierno hizo hincapié en el hecho de que estas nuevas limitaciones -que restringen la compra y transferencia de divisas por parte de empresas y ponen un tope de US$10.000 mensuales para la compra de dólares- afectan a menos del 5% de la población, eso no evitó las acusaciones de hipocresía.

En las redes sociales se viralizaron memes mofándose del macrismo. Uno transformó el nombre de la coalición electoral oficialista (Juntos por el Cambio) en "Juntos por el control de cambio". Y el slogan más famoso de Macri -"Sí se puede"- se convirtió en: "Si Cepo ede".

Más allá de los chistes, quienes reaccionaron con más enojo a estos anuncios fueron algunos macristas. En particular causó malestar la decisión del gobierno de obligar a toda persona que trabaja para el exterior y cobra en dólares -por ejemplo los freelancers- a "pesificar" sus ingresos.

"Justamente voté a Macri para poner fin a este tipo de cosas que hacía el kirchnerismo", le dijo a BBC Mundo una de las tantas personas que le dieron el triunfo en 2015 y hoy están desencantadas con el presidente.

Ante este escenario, la gran pregunta que se hacen todos es qué impacto tendrán estas medidas en las elecciones del próximo 27 de octubre. Y sobre todo: qué pasará después.