Se estima que para el año 2030, la industria alcance 454 mil sitios en la región y, para 2032, llegará a tener 560 mil sitios. (Foto: American Tower)
Se estima que para el año 2030, la industria alcance 454 mil sitios en la región y, para 2032, llegará a tener 560 mil sitios. (Foto: American Tower)
Redacción EC

American Tower y la consultora SmC+ Digital Public Affairs presentaron el estudio “La gestión de infraestructura de telecomunicaciones como pilar fundamental para el futuro de América Latina” que analiza el estado actual de la infraestructura de telecomunicaciones en Latinoamérica y los retos presentes y futuros, de algunos países de la región, entre ellos Perú.

Con ese escenario, se estima que para el año 2030, la industria alcance 454 mil sitios en la región y, para 2032, llegará a tener 560 mil sitios. Esta estimación refleja un ajuste a la baja respecto a lo que se estimaba a fines de 2021 debido a los retrasos de algunas licitaciones de 5G.

Este crecimiento significa que se desplegará un total de 202 mil nuevos sitios para 2030 y 307 mil para 2032 para satisfacer la demanda creciente de los usuarios, gobiernos y favorecer el despliegue de nuevas tecnologías digitales como la realidad virtual y aumentada o la inteligencia artificial. Esto implica un desafío enorme para el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la región.

Particularmente sobre Perú, se reveló que requerirá más de 25 mil nuevos sitios de telecomunicaciones instalados para el 2032 para cubrir la demanda de servicios móviles. Esto significa más que duplicar la infraestructura existente en el país, en menos de una década.

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Asimismo, en el estudio se reconoce la importancia de las empresas de infraestructura pasiva para el despliegue eficiente y ordenado de infraestructura de telecomunicaciones e iniciativas como la Ley 29022 (Ley temporal), recientemente hecha Ley Permanente por la Ley para el Fomento de un Perú Conectado (Ley 31809) para acelerar y dar predictibilidad a las inversiones en Telecomunicaciones, así como el desarrollo de campañas informativas para romper mitos y sensibilizar sobre la importancia de la conectividad, de la mano de especialistas.

Además, se resalta que medidas como el canon por cobertura y las asociaciones público-privadas (APPs) son ejemplos de vehículos apropiados para lograr la cobertura en las zonas rurales.

Rodrigo Jimenez Castellanos, director general de Sustentabilidad, Comunicación y Asuntos Públicos para EMEA & Latam de American Tower señaló que “en las dinámicas tan competitivas que vive el mundo actualmente, pocas cosas son más importantes para el crecimiento económico y la competitividad de una región, que la conectividad. Por eso es tan necesario publicar estudios como este, que nos den datos fehacientes de donde nos situamos en América Latina y las necesidades que enfrentamos en los próximos años. Con esto podremos diseñar, entre el sector privado y el público, mapas de actuación que ayuden, entre otras cosas, mejorar el uso del espacio público, hacer más eficientes los costos para los operadores móviles e incluso menores impactos ambientales”.

De acuerdo con Sebastián Cabello, CEO de SmC+ Public Affairs, un elemento a destacar del estudio es la presencia de barreras regulatorias al despliegue en los distintos niveles gubernamentales. “Aunque es clara la importancia de la infraestructura de telecomunicaciones para la reducción de la brecha digital y el rol de las empresas especializadas en la gestión de infraestructura pasiva estimulando la compartición, reducción de costos y mejoras en el uso del espacio público, persisten numerosas barreras al despliegue”, señaló.

Finalmente, el estudio concluye con cinco recomendaciones, para todos los países estudiados, de modo que puedan dar ese salto cualitativo que requiere la industria telecom para aprovechar los beneficios del 5G y extender la cobertura de servicios a las zonas rurales.

1. Mayor coordinación entre entes nacionales o federales y municipios con procesos estandarizados idealmente a través de una ventanilla única.

2. Incentivos y facilitación a la compartición de infraestructura pasiva.

3. Implementación de un proceso de aprobación automática (ya existente en Perú).

4. Un proceso expedito para infraestructura de menor tamaño.

5. Desarrollo de actividades de sensibilización a las autoridades, la población y los medios.


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