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La Comisión de Economía del Congreso aprobó el predictamen del Proyecto de Ley (PL) que propone que el pago de facturas de los micro y pequeños empresarios se realice en un plazo de 30 días.
Así, de acuerdo el texto aprobado, el monto total de las facturas o de los recibos por honorarios que sean emitidos por el proveedor de un bien o servicio deberán ser cancelados por la empresa privada o institución pública que lo contrató dentro del tiempo mencionado.
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En caso se haya acordado que dicho pago se dé en cuotas, se deberán indicar las fechas de pago. El primero deberá ser cancelado en un máximo de 30 días contados desde la presentación de la factura o recibo por honorarios.
En caso no se pague en el plazo determinado, se aplicarán intereses moratorios.
Asimismo, se decidió añadir un párrafo propuesto por la parlamentaria Patricia Juárez de Fuerza Popular, en el que se establece que, de forma excepcional, el proveedor y el adquiriente del bien pueden establecer un plazo mayor para el pago, bajo la condición de que el acuerdo esté por escrito, sea suscrito por sus concurrentes y no constituya abuso para el proveedor o bienes de servicios.
El texto aún debe ser aprobado en el Pleno del Congreso.
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Puntos de vista
El parlamentario Carlos Anderson de Podemos Perú, autor de la iniciativa legislativa, sostuvo durante la sesión de la comisión que el costo de financiamiento para las micro y pequeñas empresas (MYPES) es mayor que para las grandes empresas. Además, detalló que el pago de las facturas de las empresas más chicas toman, por lo general, más de 60 días. “En promedio, una factura de una pequeña o mediana empresa se paga a los 80 días, pero no sorprende encontrar casos de 120, 160 o 180 días”, señaló.
Además, criticó el mecanismo de ‘factoring’, que permite que una empresa ceda un crédito (factura) a una entidad acreditada para realizar el factoring (como puede serlo una entidad financiera) a cambio de esta gestione el pago de la mencionada deuda y le abone la cantidad de dinero a la que asciende la misma. La empresa que vende su deuda recibe un porcentaje de forma anticipada, conocido como “descuento”. La cantidad restante se cancela una vez que la empresa deudora termina de pagar.
La norma aprobada por la Comisión de Economía afecta el ‘factoring’, asegura Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), pues el plazo de 30 días se puso en marcha también en Chile. Sin embargo, tras meses de registrarse las facturas, las deudas comenzaron a ser postergadas por prolongados periodos de tiempo.
“El mecanismo en Chile tenía como objetivo que se registre en la Bolsa de Productos (entidad chilena que financia el pago de facturas) las facturas. Al comienzo hubo aproximadamente unos 7 u 8 meses que se registraban las facturas y ahora no. Lo que ha existido son muchos acuerdos de postergar los pagos por 30 días entre los acreedores y deudores”, indicó.
Por otro lado, observó que la propuesta tiene que considerar que el plazo de 30 días no se ajusta al proceso de producción, distribución y ventas de la empresa deudora.
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Por su parte, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), indicó que la norma puede ser beneficiosa para las MYPES, pero consideró que los plazos no deben estar cerrados a un máximo de 30 días, sino que debe haber un acuerdo entre la empresa o institución pública y la MYPE.
“Esto genera flujos para aplicar a sus deudas o seguir generando, capitalizándose para tener mayor capital de trabajo”, señaló.
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Además, sostuvo que debe haber un registro de las MYPES formales para evitar casos de fraudes.
A su vez, el exministro de Economía Alfredo Thorne, se mostró a favor de la norma, pero sostuvo que sería positivo que las MYPES puedan vender sus facturas y cobrar el dinero en un plazo menor a los 30 días. Explicó que se tiene que implementar para ello una mesa de negociaciones centralizadas en la Bolsa de Valores de Lima, transparentando la calidad de las facturas.
“Las facturas de mejor calidad obtendrían una tasa de interés más baja que las de peor calidad. Esto le daría mucha visibilidad a las MYPES para que ellos puedan recuperar su plata y puedan conseguir tasas de interés más baja”, opinó.
Más datos
- Durante la sesión de la Comisión de Economía se rechazó una cuestión previa, presentada por la parlamentaria María Acuña de Alianza Para el Progreso, para votar el predictamen en otra sesión.
- Once congresistas votaron a favor de la norma y cuatro rechazaron el predictamen. Quienes votaron en contra fueron Guillermo Bermejo y Pasión Dávila de Perú Libre, María Acuña de Alianza Para el Progreso y Noelia Herrera de Renovación Popular.
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