American Airlines y Latam son denunciadas por operar en aeropuerto cubano

Una firma de abogados de Miami presentó este miércoles una demanda judicial bajo la ley Helms-Burton contra las aerolíneas American Airlines y Latam por operar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, en nombre del hijo de quien fue su propietario hasta su expropiación hace 60 años.

José Ramón López Regueiro, único heredero del empresario José López Vilaboy, quien también era dueño de Cubana de Aviación entre otras empresas y propiedades, dijo en una rueda de prensa que lleva 60 años esperando que “se haga justicia” por el “robo” del que fue víctima su familia después del triunfo de la revolución en 1959.

Lo que le mueve es eso, aunque también espera ser compensado económicamente, según respondió a una pregunta de Efe en una rueda de prensa celebrada en la sede del despacho de abogados Rivero Mestre, en Coral Gables (condado de Miami Dade).

El abogado Andrés Rivero indicó que, según estimaciones, el valor actual del aeropuerto habanero puede llegar a US$1.000 millones y su cliente, de acuerdo a la ley Helms-Burton, tiene derecho a solicitar una compensación por el total.

Pero, además, la compensación a pagar sería en este caso triple, como corresponde, según la Ley Helms-Burton, cuando la notificación enviada para advertir de que deben cesar sus actividades ilícitas en un plazo de 30 días no tiene respuesta de los notificados.

Esta demanda, que podría ampliarse más adelante a otras compañías que operan “ilícitamente” en el aeropuerto de La Habana -Rivero Mestre ha notificado a unas 50, incluidas las dos demandadas-, ha sido posible merced a que el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, que estuvo en suspenso durante más de 20 años, fue puesto en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del Gobierno de EE.UU.

Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.

Desde su entrada en vigor son muchas las empresas demandadas, entre ellas las del sector turístico Carnival, Expedia, Booking, Trivago, Meliá, Barceló, Iberostar, Accor y Blue Diamond, así como el banco Société Générale, pero hasta ahora no ha habido fallos judiciales.

El abogado Rivero opinó que los tribunales federales de Miami se van a mover “con rapidez” en el trámite de estas demandas y calculó que en este caso concreto el proceso puede durar entre uno y dos años.

En respuesta a una pregunta de los periodistas dijo que solo dos de las aerolíneas notificadas respondieron en el plazo fijado, pero no para indicar que cesaban sus operaciones en el aeropuerto habanero sino para pedir más información a los abogados, por lo que su situación es la misma que la de las demás.

Rivero y el también abogado Manuel Vázquez rehusaron informar sobre las otras compañías notificadas, pero finalmente mencionaron entre las estadounidenses a Jet Blue y Delta.

“Todas son compañías no cubanas de sociedades capitalistas que tienen la capacidad de dejar de operar” en el aeropuerto José Martí para evitar la demanda, dijo Rivero.

También dijo el abogado miamense que incluso aunque el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, u otro que le suceda en la Casa Blanca decidiese dejar en suspenso el título III de la ley Helms-Burton, las demandas ya presentadas seguirían su curso.

El demandante, que salió de Cuba a los seis años y hoy tiene 66 años, subrayó que a pesar de que era muy niño todavía recuerda los “21 registros” que sufrieron en su casa habanera por parte de agentes del Gobierno castrista que buscaban las escrituras de las propiedades familiares, incluido la del aeropuerto José Martí.

López Vilaboy no fue compensado por la expropiación por los dirigentes de la revolución de 1959, que dio lugar a un régimen que sesenta años después sigue gobernando Cuba.

Preguntado por los efectos negativos que estas demandas pueden tener en los ciudadanos cubanos, Andrés Rivero, dijo que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes “robaron” propiedades de otros cubanos y en quienes ilegalmente hacen negocio con ellas.

Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han “certificado” 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de US$1.900 millones, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a US$8.521 millones.

La demanda de López Regueiro no entra en las certificadas, en razón de que López Regueiro no se radicó en Estados Unidos cuando su familia dejó Cuba en los años 60 del siglo XX, sino en España y el demandante no se trasladó a este país hasta 2009.