La apuesta por la infraestructura educativa [Opinión]

El gobierno saliente ha tomado en serio el tema educativo y en particular el de la infraestructura educativa. En el 2010, el gasto en educación fue de S/14.960 millones (3,6% del PBI), mientras en el 2015 alcanzó los S/25.581 millones (4,2% del PBI), lo que representa un crecimiento de 71%. Asimismo, recientemente ha lanzado, con apoyo del Banco Mundial, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE). Este plan se concibe como el instrumento central de planificación de la infraestructura educativa. 

El objetivo del PNIE es proveer infraestructura educativa para crear espacios que posibiliten un acceso de calidad. Se trata de dar respuesta a los actuales aumentos de demanda en educación inicial y secundaria, la implementación de la jornada escolar completa, y principalmente garantizar condiciones adecuadas de seguridad sísmica y funcionalidad.

Ya el Ministerio de Educación había dado pasos en esa línea con la creación de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) y la puesta en marcha del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).

Asimismo, en el 2013 se realizó el primer Censo de Infraestructura Educativa (CIE), que recogió información del estado físico de la infraestructura educativa pública. El CIE ha provisto la línea de base para la formulación del PNIE.

En el PNIE se enfrentan cuatro objetivos. Primero, asegurar condiciones básicas de seguridad y funcionalidad en la infraestructura existente. Esto implica reducir la vulnerabilidad ante amenazas naturales como los sismos y mejorar la provisión de los servicios básicos.

También implica dotar de accesibilidad a personas con discapacidad. Este primer objetivo se ha valorizado en S/80.000 millones. Segundo, ampliar la capacidad de la infraestructura educativa para atender la demanda no cubierta (S/18.000 millones). 
Tercero, fortalecer la gestión, lo que implica mejorar el marco normativo, los sistemas, y la gestión de proyectos (S/2.400 millones).

Cuarto, garantizar la sostenibilidad de la infraestructura, lo que supone la operación y mantenimiento de la infraestructura (S/7.300 millones). Esto implica, incluyendo otros gastos, un total de S/108.624 millones, de los cuales S/80.000 son para que no colapsen las escuelas actuales. ¿Se dan cuenta del peligro latente que corren nuestros niños? ¿Podrá el gobierno entrante enfrentar este reto?

Se considera que en un período de 10 años sería factible financiar con recursos ordinarios y deuda alrededor de S/78.000 millones. Sin embargo, esto debe ir acompañado de inversión privada. Como se sabe, la escala de proyectos por APP en educación no es aún significativa en montos pero existe una cartera potencial de S/3.000 millones que están siendo evaluados. Aun así, se requiere de una estrategia de financiamiento que necesitará de decisiones presupuestales en las más altas autoridades de los tres niveles de gobierno. He aquí un interesante reto para el próximo gobierno.