Cláusula anticorrupción pone en peligro venta de gasoducto sur

Tras el Consejo de Ministros de ayer, los titulares de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, y Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, tuvieron otra reunión. El motivo: definir la postura final del Gobierno sobre el pedido del consorcio Sempra-Techint y del sindicato de bancos que financiaría el Gasoducto Sur Peruano de retirar del contrato la cláusula anticorrupción.

Según una fuente al tanto de las conversaciones, la resolución de ambos ministros fue que no se declinará de dicha cláusula, la cual establece el retorno de la concesión del proyecto a manos del Estado si se descubrieran hechos de corrupción vinculados a la licitación y otorgamiento del contrato.

Odebrecht es sujeto de investigaciones en Brasil, donde su ex presidente Marcelo Odebrecht se acogió recientemente a uno de los acuerdos de delación premiada más grande de la historia. Jorge Barata, director ejecutivo de Odebrecht Latinvest, la subsidiaria que forma parte del consorcio Gasoducto Sur Peruano, también participará en la delación, según el diario brasileño “Estadao”. 

Mientras tanto, en el Perú el contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano es investigado por el Ministerio Público y por el Congreso de la República.

Comunicación
La decisión del Ejecutivo habría sido transmitida ayer a los representantes de Sempra y de Techint. Aunque todavía no se tiene una respuesta oficial, la posición previa del consorcio y del sindicato de bancos parecía irreductible. 

Así, lo más probable es que en las próximas horas Sempra y Techint se retiren de las negociaciones. 

Futuro incierto
Si la negociación de Odebrecht con Sempra-Techint se cae, el consorcio Gasoducto Sur Peruano (formado también por Enagás y Graña y Montero) tendría hasta el 17 de enero para completar el cierre financiero del proyecto. 

Sin embargo, dado que los bancos no están dispuestos a financiar al consorcio mientras Odebrecht sea miembro, esta empresa debería reanudar el proceso de venta de sus acciones con solo dos meses de plazo para cerrar un acuerdo. 

Si no se da el cierre financiero hasta la fecha señalada, el proyecto podría regresar al Estado, que deberá licitarlo nuevamente. "El Gobierno tiene el firme compromiso de llevar gas al sur del Perú, pero también el de combatir la corrupción", dijo una fuente de alto nivel del Ejecutivo a El Comercio.