La Contraloría en la mira: Su impacto económico
La Contraloría en la mira: Su impacto económico

Las entidades y empresas públicas no ejecutaron el año 2015 unos S/ 587 millones, según informó el contralor general, Edgar Alarcón, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

Alarcón Tejada informó que el 98,5% de las 2.472 entidades y empresas del Estado rindieron cuenta sobre el manejo de los recursos asignados y los resultados de gestión obtenidos durante el ejercicio fiscal 2015. 

La contraloría dijo que los estados presupuestarios presentados por las entidades continen algunas deficiencias y limitaciones como:
a.- Incertidumbre en la valorización de infraestructura pública concesionada
b.- Falta de inventario físico valorizado sin soporte documentario y limitaciones en los sistemas de información contable
c.- Falta de documentación que sustente el valor revaluado de los activos fijos 
d.- Cuentas de activos sin análisis u otro sustento documentario.

Así mismo, la contraloría brindó las siguientes recomendaciones para mejorar la auditpría financiera a la cuenta general de la República:

1.- Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, debe actualizar en forma permanente la información situacional de los procesos judiciales, arbitrales y otros procesos a favor o en contra del Estado. 

2.- Que se requiera a los Titulares de las Entidades Públicas realicen las liquidaciones técnicas y financieras de las obras públicas concluidas que se encuentran en uso.

3.- Que se incorpore al Sistema de Libros Electrónicos de la SUNAT a las entidades del sector público, a fin de registrar los ingresos y gastos y mejorar la transparencia de los procesos de rendición de cuentas. 

4.- Que la mayoría de empresas y entidades que se encuentran inoperativas y en liquidación figuran como omisas en forma recurrente en la elaboración de la Cuenta General de la República. La Contraloría General planteó que el Congreso proponga una iniciativa legislativa para excluir de oficio la incorporación de empresas no operativas y acelerar el trámite de aquellas entidades que se encuentran en proceso de liquidación. 

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