El mecanismo de Obras por Impuestos tuvo en el 2016 una cifra récor. Álvaro Quijandría, director ejecutivo de Proinversión, afirmó a El Comercio a finales de diciembre que en el 2017 se alcanzará el financiamiento de proyectos por más de mil millones de soles.
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A la quincena de diciembre ya se había registrado S/660 millones comprometidos en Obras por Impuestos, lo cual ya es una cifra record desde el 2009.
Espero que alcancemos hasta S/700 millones, todavía falta una semana [la entrevista se realizó el 26 de diciembre]. Y el objetivo es llegar a S/1.000 millones en el 2017, y subir a S/1.500 millones en el 2018, pese a las elecciones regionales de ese año.
¿Cómo se alcanzarán esas cifras?
Ayudan varias cosas. Primero, ha habido cambios muy positivos en la norma de Obras por Impuestos, como el hecho de que se agregan varios sectores que pueden aprovechar este mecanismo: electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes y comunicaciones, y justicia. Agregar esas opciones va a abrir el abanico a más empresas. Segundo, se ha eliminado el límite de 15.000 UIT, y además, se permite la asociación entre gobierno regional y municipales para llevar adelante los proyectos.
¿Para que el monto sea mayor?
Para que se pueda usar el límite que tienen por separado hoy. Por ejemplo, Piura está muy cerca de llegar al límite por el lado del gobierno regional, pero tiene casi un poco más de S/1.000 millones en los gobiernos municipales. Entonces, el gobierno regional ha planteado asociarse con los gobiernos municipales para hacer obras conjuntas.
¿Cómo incentivar a las empresas para que apuesten por Obras por Impuestos?
Es algo que ha ido madurando. En las empresas ya hay más conocimiento, también hay más conocimiento en el grupo de otras empresas que les dan servicio y las asesoran. Entonces, ¿cómo pasar de las 79 empresas que hoy han usado OxI? Desarrollando los servicios anexos. No todas las empresas tienen el volumen para tener su propio equipo interno de OxI. Pero se ha ido desarrollando un mercado de asistencia y asesoría al respecto. Por el otro lado, está Pro Inversión para prestar atención y asesoría en ese sentido, además de brindarla a los gobiernos regionales y municipales.
¿Qué medidas se adoptarán para facilitar el uso de OxI a nivel de gobierno nacional?
Es parte de lo que nos toca hacer: descentralizar Pro Inversión más allá de lo que ya tiene. Ahora tenemos una oficina en Piura y en Ica, y ocho puntos de atención a nivel nacional. La idea es tener una red un poco más grande, que permita ayudar a un grupo de gobiernos regionales en su desarrollo de proyectos en general (asociaciones público privadas – APP y OxI).
Respecto a la eliminación del límite de 15.000 UIT, existe la preocupación de que comprometan recursos fiscales que pueden ser usados para otros fines. ¿Cómo mitigar eso?
El propio Estado define límites teniendo en cuenta el marco fiscal. Sí es muy importante que lo que se lleva adelante vía Obras por Impuestos sean obras de relevancia para las comunidades, tenga un impacto positivo, y que en lo posible también sean parte de los planes de desarrollo que tienen los gobiernos regionales y municipales.
¿Qué implica para el Estado ese incremento de montos que se ejecutarán vía OxI?
El nuevo sistema de inversión pública (Invierte.pe) tiene que acompañar ese mayor volumen. La flexibilización misma del sistema debiera apoyar mucho en ese sentido. Luego, más adelante, viene la estructuración misma del marco de Obras por Impuestos. Por otro lado, en ProInversión vamos a generar una capacidad de acompañar todo este proceso bastante mayor.
¿Y por parte de la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas, en relación al certificado del reconocimiento?
Los certificados se están dando cada vez con mayor rapidez. El mayor volumen no debería tener un impacto significativo sobre eso. Creo que los tiempos más complejos en estos procesos vienen por el lado de formulación de los proyectos.
¿Cuál es el monto total disponible que existe disponible para OxI?
Hasta el momento se han usado S/2.563 millones de un límite total, que si uno usa el cálculo que se hizo en el 2016, son S/17.815 millones –desde el 2009—. Eso incorpora todos los gobiernos regionales, municipios y todas las universidades públicas.
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