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Joe Leahy y Samantha Pearson, corresponsales del FT en Brasil
Luego de años de supuestas negociaciones secretas, los hombres en el centro de lo que es potencialmente el caso de corrupción más grande de Brasil cometieron un error por descuido.
En mayo del 2013, Alberto Youssef, el condenado cambista de dinero en el mercado negro, compró a través de terceros un auto de lujo para su amigo y presunto cómplice, Paulo Roberto Costa, un ex ejecutivo de la empresa petrolera estatal Petrobras.
Pero, mientras negociaban la compra de la Range Rover Evoque por 250,000 reales (US$110.000) en Sao Paulo, escribieron sus nombres en un documento aparentemente inofensivo. Fue la única ocasión en que aparecían juntos de manera voluntaria en los cerros de documentos de la investigación policial que fue vista por el Financial Times.
La policía federal les cayó encima. Allanaron la casa de Costa, confiscando el Evoque y más de medio millón de dólares en efectivo. Los fiscales afirman que el mayor alcance de la corrupción que afecta a Petrobras, incluyendo sobornos y donaciones políticas turbias, llega a más de mil millones de reales en contratos inflados.
En el proceso, la policía hizo la investigación en plena campaña presidencial, que al principio parecían ganadas por la presidenta Dilma Rousseff, hasta convertirlas en la competencia más apretada de los últimos tiempos. Como ex presidenta de Petrobras, las acusaciones amenazan la reputación de Rousseff como tecnócrata capaz. Los fiscales alegan que la empresa fue utilizada para extensas donaciones políticas.
Un grupo de trabajo de fiscales federales en el estado de Paraná, que está conduciendo la investigación, dijo: “Los sospechosos. . . convirtieron 250.000 reales sustraídos de la corrupción y del abuso de un cargo público en Petrobras en un activo legítimo a través de la compra de la Land Rover”.
Los abogados de Youssef dijeron que la compra del vehículo no era ilegal y los abogados de Costa añadieron que el vehículo era el pago por servicios de consultoría de buena fe para Youssef. Ambos hombres están detenidos y enfrentan cargos por lavado de dinero, corrupción y abuso de un cargo público.
Los brasileños están horrorizados por las acusaciones de que delincuentes se hayan infiltrado en Petrobras, la mayor empresa de su país, un ícono nacional y un líder global en exploración petrolera en aguas ultra profundas. El año pasado, la empresa reportó ganancias netas de 23,6 mil millones de reales y una producción de 2,54 millones de barriles de petróleo equivalente por día. Petrobras es considerada tan importante que tanto la Cámara Baja como el Senado han iniciado investigaciones.
“Este escándalo ha contribuido en gran medida a la caída de la popularidad de la presidenta”, dice el senador Álvaro Dias, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), quien está participando en una de las investigaciones del Congreso sobre el caso.
El índice de aprobación de la presidenta ha caído de un 60% a inicios del año pasado a menos del 40%. Pero el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff rechaza la afirmación de que los problemas de Petrobras hayan dañado sus posibilidades de lograr un segundo mandato, diciendo que la presidenta ha sido absuelta de toda culpa en los escándalos.
Sin embargo, más allá de la política del partido, la controversia ha destacado lo que los analistas dicen es una falla peligrosa en las instituciones nacionales brasileñas: la facilidad con la que los políticos pueden usar empresas estatales como fuente de financiamiento ilegal para campañas políticas. “La verdad es que la mayoría de los partidos intentan usar empresas estatales para su beneficio”, dice Sérgio Lazzarini, profesor en la escuela de negocios Insper, en Sao Paulo.
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