Universitario se encuentra en un proceso concursal con una deuda que supera los US$150 millones. (Foto: GEC)
Universitario se encuentra en un proceso concursal con una deuda que supera los US$150 millones. (Foto: GEC)
Ricardo Guerra Vásquez

Periodista en Economía y Negocios

ricardo.guerra@comercio.com.pe

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Luego de casi ochos meses desde que de , el área de Supervisión y Fiscalización del , a cargo de su ejecución y en línea a sus facultades, sugirió abrir 31 procesos administrativos sancionadores contra diferentes administradores concursales.

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Ana Peña Cardoza, gerente de esta área de la institución, señaló que este primer resultado corresponde a la identificación de infracciones en la conducta de las personas involucradas en el proceso del club, pero agregó que “siguen buscando información”.

Asimismo, mencionó que estos ya fueron trasladados a los órganos correspondientes que decidirán tomar acciones al respecto, pues las facultades de su área se limitan a “brindar apoyo técnico y especializado para realizar investigaciones”.

Como se recuerda, esta área recibió el encargo de investigar de la Secretaría Técnica de Fiscalización Concursal y de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi.

A raíz de ello, a mediados de marzo, 64 especialistas de esta área ejecutaron un megaoperativo en simultáneo en 26 locales de empresas vinculadas directa e indirectamente al proceso concursal de Universitario de Deportes.

PRINCIPALES RESULTADOS

Peña explicó que las investigaciones abarcan desde el 2012. Desde entonces, el club tuvo seis administradores en ocho gestiones distintas.

“Es clave recordar quiénes han sido administradores del club y que han sido contratados y pagados para hacer la mejor gestión”, subrayo Peña.

Así, explicó que algunas de las infracciones identificadas fueron cometidas por (designado por ) y (designado por la ). Cada uno estuvo dos veces a la cabeza del club.

Desde que Universitario ingresó al proceso concursal, Carlos Moreno y Raúl Leguía estuvieron al mando de la administración del club dos veces cada uno. (Foto: El Comercio)
Desde que Universitario ingresó al proceso concursal, Carlos Moreno y Raúl Leguía estuvieron al mando de la administración del club dos veces cada uno. (Foto: El Comercio)

Sobre Moreno, se determinó que incurrió en pagos irregulares “al pagar a personas que participaron en la toma del estadio Monumental en marzo pasado utilizando dinero de los fondos de Universitario, pese a que su actuar no se encontraba respaldado por el ordenamiento jurídico”.

“Tenemos evidencia de que [con fondos del club] se pagó honorarios del abogado [de estas personas] que, incluso, los defiende ahora mismo”, detalló Peña.

Asimismo, se identificó que indebidamente pagó sueldos por los meses en los que se negaron a entregar el cargo, suscribió cláusulas contrarias al plan de reestructuración y actos a favor de uno de los acreedores, puntualmente, Gremco (propuso que se priorice su pago, lo que es contrario a la norma concursal, donde se establece que primero se liquida los créditos laborales y tributarios).

En tanto, por el lado de Leguía, se determinó que incurrió en afectación patrimonial por la contratación de empresas vinculadas a los administradores, contratar a terceros para la prestación de servicios inherentes a la administración, incrementos injustificados de penalidades y contratos simulados.

“Encontramos un contrato que se firmó con una empresa y esta incluía una cláusula con un porcentaje, pero Solución y Desarrollo la varió y la elevó en un 2.400%. Este es uno de los temas que se está viendo en el Poder Judicial”, anotó Peña.

Al respecto, Moreno indicó que presentó los descargos solicitados y atendió cada uno de las consultas que le realizaron, entre ellas una entrevista de varias ahoras. Agregó que ampliaría comentarios a la brevedad.

En tanto, Leguía rechazó todas las acusaciones. En esta línea, señaló que recibieron más de 15 requerimientos y que respondieron todos con documentos al área de fiscalización. Acotó que la tarde de este lunes le llegaron otras cinco solicitudes, pero esta vez de la Comisión de Procedimientos Concursales, donde “se repiten las mismas preguntas”.

“Es totalmente falso [las infracciones identificadas ante mi persona], tanto así que cada requerimiento tiene documentación [que lo sustenta]. Este megaoperativo se inició a raíz de una solicitud que realizamos a inicios de febrero al Consejo Directivo del Indecopi. Pese a ello, no nos vamos a ocultar en que nosotros lo iniciamos”, refirió.

RESPONSABILIDADES DE ACREEDORES

Pero las infracciones observadas también alcanzaron a los acreedores.

En el caso de Corp, que tiene poco más del 55% de las acreencias del club y cuyo representante legal es José Gamarra, el área del Indecopi estableció que “no informó en junta de acreedores el contenido de las juntas de comité en las que actuó como presidente”, no entregó información a los acreedores pese a su compromiso de remitirlas, faltas a sus obligaciones como presidente de la junta de acreedores, entre otras presuntas infracciones. Este Diario trató de recoger sus comentarios, pero no contestó los intentos de comunicación.

Sobre la Sunat (acreedor tributario), identificó que “no cumplió con presentar el acta de junta de acreedores del 25 de noviembre del 2019 dentro del plazo determinado por la norma concursal”.

“Consideramos que este es un informe que tiene la suficiencia técnica que respalda las recomendaciones. Ya ha sido entregado a las áreas que pueden iniciar acciones”, remarcó Peña.

En la conferencia de prensa participaron María José Calle, coordinadora legal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF); Ana Peña Cardoza, jefa de la GSF; Hania Pérez de Cuéllar,  presidenta del Consejo Directivo del Indecopi; y Dany Avilés, coordinador en Economía de la GSF. (Foto: Indecopi)
En la conferencia de prensa participaron María José Calle, coordinadora legal de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF); Ana Peña Cardoza, jefa de la GSF; Hania Pérez de Cuéllar,  presidenta del Consejo Directivo del Indecopi; y Dany Avilés, coordinador en Economía de la GSF. (Foto: Indecopi)

Además, explicó que en el ámbito administrativo se contemplan sanciones hasta con 100 UIT (S/430.000) a los administradores y hasta 50 UIT (S/215.000) a los acreedores.

“¿Qué otras sanciones se pueden ejecutar? Lo determinará la propia Comisión de Procedimientos Concursales”, apuntó.

A su turno, Hania Pérez de Cuéllar, presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, remarcó que su gestión heredó una “situación muy compleja y crítica que viene de años atrás”, por lo que la actual tiene el compromiso de “encontrar una solución a esta situación que genere tanta polémica”. “Estamos aquí para hacerle frente a esta situación”.

Por último, Peña complementó: “Como mensaje a los hinchas, les digo que cuando recibimos este encargo lo hicimos con absoluto compromiso. Lo único que necesitamos es que nos den espacio para seguir trabajando. Confíen en que estamos trabajando. No nos estamos quedando con la información que siempre ha estado sobre la mesa, sino que buscamos más allá de lo habitual”.

EL DATO

Ana Peña Cardoza, gerente del área de supervisión, explicó que este informe en el resultado de haber revisado alrededor de 40.000 hojas del expediente concursal del club, más de 40 títulos archivados y cerca de 200 partidas registrales, ejecutar 18 entrevistas con actores claves, procesar 40 gigas en archivos producto del megaoperativo de febrero y analizar denuncias, reportes periodísticos, entre otros.