A pesar de que en el último trimestre móvil (set-oct-nov.2021), la población económicamente activa (PEA) desocupada de Lima Metropolitana ascendió a 481 mil 400 personas, el equivalente al 9,1% de la PEA total, y que la tasa de empleo informal supera el 75%, según del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Congreso podría aprobar una norma que reduciría, según explican distintos especialistas, la productividad de las empresas. Se trata del proyecto de Ley 671/2021-CR, que busca incluir el tiempo del refrigerio de un trabajador como parte de la jornada laboral.
Este PL fue presentado por la congresista Isabel Cortez de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, cuyo dictamen fue aprobado la semana pasada por esta comisión, quedando así listo para su próximo debate en el pleno del Legislativo.
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De aprobarse la norma, el empleador deberá reducir la jornada sin modificar el pago al trabajador. Y, en la práctica, el empleador deberá pagar esos 45 minutos adicionales al trabajador, aseguró Germán Lora, socio del estudio Damma.
“Es una medida que no ayuda a la generación de puestos de trabajo. No es momento porque significará un incremento directo en costos al empleador y sin posibilidad de un tiempo de adaptación”, señaló.
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Productividad
Para Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, estamos viviendo una etapa de proceso de reactivación que va aumentando cada vez más con mayor productividad, recuperación de mercado y movimiento de capital.
“Esta situación no ayuda y por lo que entiendo, quienes han aprobado este dictamen pertenecen a bancadas populistas. Esto no es estar ni con los trabajadores ni con los empresarios, porque no se está incentivando la reactivación para que a su vez se impulse la formalidad”, señaló.
Manuel Faura, miembro de la Comisión Laboral de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), afirmó que, en una realidad como la nuestra, y más aún con empresas golpeadas por la pandemia, no es conveniente reducir la capacidad productiva.
“Esto incrementa el costo para las empresas porque seguirán pagando los mismos jornales, el jornal por hora se incrementa en proporción al tiempo efectivamente laborado y eso no está bien”, dijo.
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Para Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, actualmente las empresas incluyen el horario de refrigerio en las prestaciones de la jornada de trabajo, pero lo hacen por voluntad propia; es decir, pactan en el contrato, convenios colectivos o simplemente lo implementan, pero la mayoría de las empresas tratan de optimizar la ley vigente, que contra de una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales.
“Si la medida se concreta vamos a generar menos incentivos para mantener a los trabajadores en el mercado laboral formal en épocas en las que se busca recuperar los más de 600 mil puestos de trabajo formales que aún no se han recuperado y que se perdieron por la pandemia”, dijo Herrera.
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Informalidad
En opinión de Faura, debemos tener presente que la informalidad en el país está cerca al 80% y distintas disposiciones que se vienen comentando en materia laboral -como el alza de la Remuneración Mínima Vital e incluir el horario de refrigerio en la jornada laboral- son aplicables solo a las empresas formales.
“Ese casi 80% de informalidad es el punto medular que debemos enfrentar, buscar la formalización de las empresas y que más trabajadores obtengan los beneficios sociales que corresponden y no aplicar normas que desmotiven la formalidad”, sentenció.
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En ese sentido, Faura considera que realizarse un análisis técnico antes que político. Desde ese punto de vista, señaló que lo que se necesita es producir, crecer, defender a las empresas y no buscar un divorcio entre el empleador y el trabajador.
Para Herrera, esta medida podría generar mayor informalidad laboral, menor productividad en las empresas y cargar con mayores costos laborales a los empleadores.
“La gran revolución está en cómo hacer para fomentar que trabajadores informales estén en planilla, sobre todo en las microempresas, donde hay mucha informalidad”, afirmó.
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Lora coincide y señala que el proyecto en cuestión es un desincentivo para la formalidad y habría que analizar la situación laboral de los países donde se está dando esto, donde la informalidad probablemente no es tan elevada como en el Perú.
Choquehuanca asegura que los sobrecostos solo crearían mayor informalidad y, desde la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa Pyme Perú, enviarán hoy martes una carta a la Comisión de Trabajo mostrando su desacuerdo con la norma a fin de que no se oficialice el dictamen.
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El presidente de la República, Pedro Castillo, realizó ayer una serie de anuncios en materia laboral durante el lanzamiento de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales:
- La ampliación de beneficios de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
- Se garantizará y retomará el derecho a movilizaciones y huelga por parte de los trabajadores.
- El Consejo Nacional del Trabajo discutiría en enero un posible incremento de la Remuneración Mínima Vital.
Por su parte, a través de un comunicado, las centrales sindicales conformadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Central Unitaria de Trabajadores (CUT Perú), Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), rechazaron la creación de la escuela sindical por considerarla una iniciativa unilateral del Gobierno y solicitaron una reunión con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
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