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El informe de Defensoría del Pueblo a diciembre último registró 215 conflictos, reflejando una ligera reducción versus la cifra registrada a inicios del 2023. Respecto al mismo mes del año anterior, la cifra anual refleja seis conflictos menos. Así, se redujeron seis de tipo socioambientales y tres de tipo laboral, aumentaron dos de asuntos de gobierno nacional y otros dos de asuntos de gobierno regional, entre otras variaciones menores.
Pese a la reducción, aún el nivel de conflictos registrados es alto frente a años anteriores, sostuvo David Tuesta, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad (CPC). “Cuando uno compara la situación [de conflictos] que existía antes del gobierno de Pedro Castrillo al día de hoy, el nivel todavía sigue un 5% encima”, expresó.
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La disminución se debe a que, desde diciembre de 2022, tras el anuncio de golpe de Estado por el exmandatario y su vacancia, los conflictos habían estado en aumento, situación que es distinta en la actualidad, consideró.
Si comparamos los resultados semestre a semestre (enero-junio 2023 versus julio-diciembre 2023) se registran cuatro conflictos menos, se han resuelto 21 conflictos y han surgido 17 nuevos. De los nuevos conflictos dos son de tipo asuntos del gobierno regional, y dos de asuntos del gobierno local. De los conflictos que se han resuelto cinco son de tipo socioambiental, y tres de tipo laboral entre otros.
Al detalle
Respecto a la antigüedad de los 215 conflictos registrados a diciembre, 118 (55%) llevan más de 36 meses sin resolverse, lo cual es un incremento respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaban 105 (48%). La resolución de 70 de esos conflictos depende del Gobierno Nacional, y 33 de los Gobiernos Regionales.
De los conflictos en el último mes del 2023, 47 se encuentran en estado latente (permanecen ocultos, silenciosos o inactivos) y 168 activos. De estos últimos, 105 se mantienen en fase de diálogo (uno menos que en diciembre 2022), 47 en la de desescalamiento (seis más que en diciembre 2022) y ocho en fase temprana (tres más que en diciembre 2022).
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En diciembre, también se observa que al menos un conflicto social se mantiene en todos los departamentos. Seis departamentos representan el 49% de todos los conflictos: Loreto, Cusco, Apurímac, Áncash, Piura y Puno. Es importante resaltar que el 61% de la atención de los conflictos sociales son responsabilidad del Gobierno Nacional, y el 27%, de los Gobiernos regionales.
Por regiones
El departamento con más conflictos continúa siendo Loreto. Sus 29 conflictos configuran el 13% del total nacional. Del total mencionado, 22 están relacionados a la actividad económica del sector hidrocarburos (100% de las actividades económicas). La provincia de Loreto es la que más conflictos acumula (16). Le sigue Datem del Marañón (9).
El segundo departamento con más conflictos sociales es Cusco, con 18. Esto representa el 8% del total nacional. Espinar y Chumbivilcas son las provincias con más conflictos, cinco en cada una de ellas. El 82% de los conflictos están relacionados con la actividad minera.
Últimos 12 meses
En los últimos 12 meses se incorporaron 28 nuevos conflictos, que representan un 43% menos que en el período enero 2022 - diciembre 2022. Estos nuevos conflictos siguen mostrando un cambio en sus tipologías. Y es que actualmente los conflictos socioambientales, asuntos de Gobierno Nacional y asuntos del Gobierno Local representan el 62%, 8% y 5%, respectivamente. Pero, si miramos solamente los nuevos conflictos, los socioambientales representan el 36% del total, los de Gobierno Nacional un 18% y los de Gobierno Local un 14%. Estas cifras siguen marcando una tendencia creciente en los asuntos de gobierno nacional y local, y una reducción del socioambiental. Así también, los nuevos conflictos relacionados a minería e hidrocarburos pasan, respectivamente, de 70% a 91%, y de 22% a 0%.
Esta mayor presencia relacionados con los distintos niveles de gobierno responden a que existe una falta de estrategia o de unidad en el Poder Ejecutivo y que tenga los suficientes poderes para la solución de los conflictos, consideró Tuesta.
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Justamente, el presidente ejecutivo del CPC explicó que varios de esos conflictos tienen como origen acuerdos realizados por los gobiernos, pero que no “han sido bien llevados”, es decir, sin presupuesto de gasto o de inversión para tratar los conflictos.
Además, tampoco existe una unidad de seguimiento, sostuvo. Por ello, Tuesta apuntó a que es fundamental que haya esta unidad empoderada para la toma de acuerdos que vayan con partidas presupuestales con el fin de que se atiendan estos pactos. “Eso lo planteamos como una acción necesaria para empezar a reducir esta parte, tanto en el gobierno nacional y regional, en el que no pueden solucionar los problemas”, acotó.
Además, una variable fundamental para reducir los niveles de conflictividad es la tasa de crecimiento económico. Como indicó Tuesta, los niveles de este tema comenzaron a aumentar en los últimos 10 años, a la par que la economía se ha desacelerado, añadió.
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Por ello, el país tiene que buscar crecer económicamente a tasas por encima del 3% y 3,5%, según el experto. Ello implica buscar mejorar el potencial de crecimiento del PBI, pero también conlleva mejorar la productividad y competitividad en el país.
“Si hay más crecimiento, uno debería esperar que haya empleo, inversiones y menos motivos para reclamar. Por el contrario, si la economía se desacelera, no generas empleo, no hay atención ni recursos para el Estado para atender y desarrollar obras, Entonces, se constituye un elemento para que la tendencia de la conflictividad se incremente”, expresó.
Acciones colectivas de protestas
En cuanto a las protestas colectivas surgidas en este mes, destaca que tras un año de la crisis política (diciembre del 2022) se contabilizan 48 protestas vinculadas a esta, que representan el 20% del total, siendo la primera registrada el 7 de diciembre, principalmente en Lima Metropolitana (10), Puno (6), Ayacucho (6), Apurímac (6) y Cusco (5). Así también, destacan 22 protestas colectivas (9%) de exigencia de respeto a derechos laborales y otras reivindicaciones en este mismo rubro. Las regiones con más protestas colectivas son Arequipa (29), Lima Metropolitana (24), Piura (24), Loreto (17), Puno (17) y Cusco (16). Juntas representan el 54% de las 235 protestas del mes.
