Ni el dinero de Chaglla salvaría a Odebrecht

La semana pasada, la Fiscalía informó al Ministerio de Justicia que Odebrecht no tiene investigaciones o procesos penales en curso. Con ello, ha allanado el camino para devolverle a la empresa los S/524 millones que quedan de la venta de la hidroeléctrica Chaglla. 

En su informe, sin embargo, la Fiscalía hace una interpretación sobre lo que significa la palabra “investigación” —preparatoria y no preliminar— y obvia una investigación que sí es preparatoria (sobre una carretera en Tarapoto), por estar en camino a incluirse en el acuerdo de colaboración. 

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Como analizó El Comercio en julio, la interpretación de la Fiscalía podría responder a dos factores estratégicos. El primero, que no obtener el reembolso de Chaglla hubiera significado una sentencia de quiebra casi inmediata para Odebrecht en el Perú. Y el segundo, que ello —confirmaron fuentes de la Procuraduría— a su vez implicaría el fin del proceso de colaboración.

“Acá hay dos opciones, o la quiebras o le permites seguir entregando información. En el primer caso, los resultados a nivel penal no hubieran sido los que estamos viendo. Las detenciones preventivas, por ejemplo”, dijo a este Diario en junio el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez. Ambos, Procuraduría y Fiscalía, firmaron a principios de año el acuerdo de colaboración con Odebrecht. 

Ramírez, a quien hoy se le ha pedido una opinión técnico legal sobre el informe de la Fiscalía, además acaba de ser denunciado por otro procurador, Amado Enco, acusado de haber "pactado irregularmente" la devolución de los S/524 millones de Chaglla. El camino, sin embargo, podría tornarse todavía más complicado. 

El dinero de la venta de Chaglla actuará como un respirador artificial para una empresa a la que —el análisis de sus números lo indica— le será muy difícil evitar la liquidación de todas maneras. Y en ese caso, los S/524 millones ya no estarán en las arcas del Estado para cobrar la reparación.

Entonces, al Estado se le presentará una nueva encrucijada para evitar la quiebra de la empresa: la devolución del dinero invertido en el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Y esto implicaría una decisión de consecuencias políticas todavía mayores: no activar la cláusula anticorrupción del contrato. 

Apenas un respiro
Como confirmó la semana pasada Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, de no recibir el dinero de Chaglla, un camino que evalúa su gremio es llevar pronto a la empresa a un proceso concursal. Este escenario es el que se evita con el reembolso de los S/524 millones. Pero significaría alargar solo un poco la agonía.

“Ni siquiera vendiendo el total de sus activos podría cubrir sus acreencias. La empresa, así como está, está en insolvencia”, explica Dagoberto Díaz, profesor especializado en finanzas de la Universidad del Pacífico. Los activos que la empresa está en capacidad de vender pronto (Olmos, IIRSA Norte, IIRSA Sur, Rutas de Lima y maquinaria) suman apenas US$278.9 millones, frente a deudas que alcanzan los US$1,329 millones, según cifras de que la Procuraduría recopiló en diciembre del 2018 a las que este Diario tuvo acceso. 

Esto significa un monto todavía por pagar de US$1.050 millones. De destinar los S/524 millones —o US$156 millones— de Chaglla enteramente al pago de deudas, aún quedarían pendientes US$894 millones. Un escenario bastante similar al actual, solo que con unos meses de tranquilidad para los acreedores más exigentes.

Acreedores: mejor heridos que con nada
Pero para que la empresa siga operando —y, por ende, brindando información— no todo el dinero de Chaglla tendría que destinarse al pago de deudas. Una parte menor tendría que usarse como capital de trabajo para ganar nuevas obras, obtener nuevos ingresos y, a su vez, seguir pagando las obligaciones (entre ellas, la reparación civil).

El problema es que, en el escenario político actual, resulta sumamente complicado que pueda ganar una obra grande. “Cualquier proyecto, que sería la solución para generar liquidez y seguir avanzando, quedaría en duda. Estaría súper vigilado”, explica Díaz.

Más de dos años después de que estalló el escándalo Lava Jato, y pese al cambio de marca, la empresa —ahora OEC— no desarrolla ninguna obra nueva. Y el 10 de julio pasado, el Tribunal de Contrataciones ratificó una resolución que impide a Odebrecht contratar con el Estado por más de tres años.

Además, resulta improbable que una empresa con deudas en el sistema financiero internacional (Deutsche Bank, SMBC, BBVA de España, entre otros.) y nacional (BCP y el propio Cofide, por US$156.7 millones), cuya matriz brasileña se ha acogido a protección contra la bancarrota, pueda financiarse para construir, dice Díaz.

Aún más, su caja libre al cierre del 2018 era de apenas US$7 millones. “La caja libre indica la posibilidad de obtener financiamiento a futuro para crecer, o de solventar tus obligaciones”, dice Díaz. Así —concluye—, lo más probable es que Odebrecht sea incapaz de pagar sus deudas en los próximos años. Y entonces sus acreedores, algunos de los cuales participan hoy en el proceso concursal de su matriz en Brasil, la llevarían igual a un proceso de liquidación en el Perú.

“He sido banquero diez años y al final [los acreedores] van a tener que decidir si pierden 10 [llevando a la empresa a liquidación] o pierden 100 [porque ven que nunca les pagará]. Yo diría que aquí es mejor de una vez salir herido, que sin nada”, concluye. 

¿Las 'siguientes Chagllas'?
La diferencia entre una liquidación ahora y una después es que, en la segunda, los S/524 millones de Chaglla ya no estarán como garantía para cobrar la reparación civil (de S/610 millones). Entonces, el Estado tendría que entrar a buscar ese dinero —que la Fiscalía ha dicho que puede aumentar, ante nuevos actos de corrupción— a la cola del proceso de liquidación.

En una liquidación, el Estado cobraría después que los ex trabajadores, los acreedores con garantías (mayormente bancos) y lo que se haya vuelto a generar de deuda con la Sunat, según fuentes de la Procuraduría. Además, tendría que disputar lo que quede con el resto de acreedores no garantizados. Y en ese momento, de todos modos, también se acabaría el proceso de colaboración de la empresa.

Dos proyectos podrían ser los únicos salvavidas para Odebrecht: Chavimochic III y el GSP. Sobre estos, Convoca.pe e IDL-Reporteros revelaron recientemente pagos ilícitos no incluidos en el acuerdo de colaboración. Las obras de ambos están paralizadas, por lo que su venta rápida no es posible. En ambos la empresa buscaría la devolución del dinero invertido mediante arbitrajes internacionales.

En Chavimochic III, por ejemplo, la empresa ya tiene un arbitraje ante el CNUDMI, aunque el objetivo es terminar la presa principal y dar por caducado el contrato. Cuando la obra fue paralizada, se habían invertido alrededor de US$220 millones, una cifra aún pequeña. El caso del GSP, en cambio, sí sería significativo. Uno de los socios del proyecto, la española Enagás, ya tiene abierto un arbitraje ante el CIADI.

Odebrecht tenía una participación de 55% en ese consorcio. La cifra invertida aún es materia de controversia, pero estaría entre los cerca de US$1,000 millones que la consultora Laub & Quijandría estimó para este Diario el año pasado y los US$2,000 millones que se desprenden del arbitraje de Enagás. Ello implicaría una devolución de entre US$550 millones y US$1,100 millones, la única que podría mantenerla con vida y colaborando. 

Una decisión política
Sin embargo, esto también implicaría una decisión con consecuencias políticas mayores: no activar la cláusula anticorrupción del contrato del GSP, cuya aplicación serviría como argumento del Estado de cara al arbitraje. Los abogados Rommy Chang y Jaime Pinto ya han explicado a este Diario que la cláusula es aplicable y que debilitaría mucho la posición de Odebrecht.

El presidente Vizcarra declaró el jueves que “dado el daño que Odebrecht ha hecho al Perú”, no deberían devolvérsele los S/524 millones de Chaglla. Al mismo tiempo, congresistas de oposición como Rosa Bartra, Tamar Arimborgo y Mario Mantilla, dijeron que el adelanto de elecciones es una “cortina de humo” para tapar la devolución.

En esa línea, resulta legal y también políticamente improbable que se decida no activar la cláusula del GSP. Aún más si sobre esta obra —y las demás no incluidas en el acuerdo— versa el interrogatorio que se realiza desde ayer a Jorge Barata y Ricardo Boleira. Así, el informe de la Fiscalía abre un camino pantanoso: la devolución de Chaglla no mantendría viva a la empresa por mucho tiempo. No sin el GSP