El  último viernes el Congreso aprobó la norma por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. (Foto: Congreso)
El último viernes el Congreso aprobó la norma por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. (Foto: Congreso)
Redacción EC

El Congreso de la República oficializó este domingo la norma que deroga la Ley de Promoción Agraria, la cual fue aprobada el viernes por mayoría ante la ola de protestas que se desató en diferentes regiones del país.

Así lo establece la publicada en el diario oficial El Peruano. De esta manera, entra en vigencia la que propone derogar la Ley N° 27360, que aprueba normas de promoción del sector agrario.

El último viernes la norma se aprobó por 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones. La norma fue exonerada de segunda votación.

Luego de que se produjera el acuerdo, los manifestantes agroindustriales reabrieron las vías de las regiones de Ica y La Libertad con dirección a Lima, las cuales habían sido bloqueadas como medida de protesta.

El presidente Francisco Sagasti -quien había anunciado que el Ejecutivo no observaría la derogación de la Ley de Promoción Agraria- consideró “legítimos” los reclamos de los trabajadores de las empresas agroindustriales y recordó que un sector de empleadores no ha respetado ni cumplido las normas laborales, “generando situaciones injustas e insostenibles para sus trabajadores”.

¿Qué plantea el proyecto que derogó la Ley de Promoción Agraria?

En la exposición de motivos, el Proyecto de Ley 5759 precisa que uno de los objetivos de la Ley 27360 era reducir los altos índices de informalidad en el sector agropecuario, pero eso no ha ocurrido, principalmente en el caso del empleo.

“El régimen de la ley 27360 no ha logrado la formalización del sector agrario, pues se ha enfocado en mejorar las condiciones de negocio de las grandes empresas exportadoras, las cuales por la escala del negocio, los requerimientos financieros y las exigencias del comercio internacional, no necesitaban de incentivos económicos especiales para ser formales”, se lee en el proyecto.

También precisa que los beneficios tributarios establecidos en esta norma, le ha significado al Estado dejar de percibir alrededor de S/2.500 millones en los últimos 10 años.

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