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En un informe reciente de la Contraloría General de la República sobre las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), que desarrollamos en extenso en Portafolio, se concluye que durante el período 2009-2014 el mayor número de deficiencias en la gestión de las empresas de agua y saneamiento ocurrió en las adquisiciones y contrataciones, seguido de la gestión comercial y administrativa y, finalmente, en los proyectos de inversión (es decir, en casi toda la operación de las empresas de agua y saneamiento).
Las EPS tienen problemas para medir correctamente el consumo efectivo de agua y el uso de alcantarillado y por ende también para la facturación y cobranza del servicio. Son deficientes en la gestión administrativa y presentan problemas en el planeamiento y ejecución de inversiones, porque no estiman correctamente el valor referencial de las obras, compran de manera fraccionada y no aplican penalidades cuando corresponde a las empresas ejecutoras de las obras. Y la lista continúa.
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El trasfondo del problema de gestión de las EPS es el marco institucional en donde se desenvuelven y los (des)incentivos que dicho marco genera para un buen desempeño. Se trata de empresas en su mayoría públicas, controladas por el Gobierno Central o por las municipalidades.
Con cada nueva elección de autoridades, es común observar cómo los funcionarios de estas empresas cambian o se ajustan a los intereses de las autoridades de turno. En particular, es conocido que algunas de estas empresas no aplican los reajustes tarifarios aprobados por la Sunass –el organismo encargado de regular sus tarifas– por consideraciones de índole político, a pesar de que dichos reajustes permitirían el financiamiento de inversiones tan necesarias para la mejora de la gestión y del servicio.
Nos hemos acostumbrado así a un “equilibrio de bajo nivel” caracterizado por precios bajos, que implican mala calidad de servicios, limitados niveles de inversión (en su mayoría de fuentes públicas), ineficiencia operativa y hasta corrupción.
Entretanto, en el mundo existen experiencias exitosas de gestión privada de EPS, como las del Reino Unido y Chile, en donde la gestión privada de este recurso aunada a una excelente regulación por parte del Estado, muestra de lejos mejores indicadores de desempeño y gestión que las EPS peruanas.
Salir de este equilibrio de bajo nivel requiere cambiar radicalmente el arreglo institucional vigente en el sector, con miras a promover activamente la participación privada en la gestión del agua. Aunque esto no será posible en el actual Gobierno, debería ser una cuestión prioritaria del debate electoral que está por empezar.
