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La serie “Los días” narra los sucesos ocurridos en Japón luego de que un terremoto de magnitud 9 ocasionara un tsunami y un accidente en la central nuclear de Fukushima, generadora de energía eléctrica. Una de las escenas más interesantes es la que ocurre en una reunión, una suerte de COEN, donde participan el primer ministro japonés y autoridades públicas y privadas. La empresa eléctrica privada necesita reanudar el funcionamiento de las plantas de energía, pero para ello debe activar apagones en varias zonas del país, especialmente en Tokio, donde viven 13 millones de personas. Se produce una discusión acalorada. Uno de los ministros increpa airado que no pueden dejar a los hospitales sin luz, que muchas vidas están en juego y que debe priorizar las zonas donde estos están ubicados. El primer ministro debe tomar una decisión.
Luego de ver esta escena, la pregunta que saltó en mi mente fue cómo sería en el Perú. En nuestro país existe el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), liderado por la PCM, en el que participan instituciones públicas como el Indeci, el Cenepred, las Fuerzas Armadas, entre otras. Una de sus funciones es hacer seguimiento a los planes de continuidad operativa del Estado que las 2.094 entidades del sector público deben aprobar, incluyendo ministerios, organismos públicos desconcentrados, gobiernos regionales, municipios y universidades.
Según la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Enagerd), al 2021 solo 37 entidades (1,8%) contaban con un plan de continuidad operativa aprobado, y 20 entidades (1,02%) habían conformado el grupo de comando para operativizar la continuidad operativa. Asimismo, solo 75 entidades (3,91%) de los tres niveles de gobierno habían desarrollado acciones para promover la continuidad operativa articuladas con el sector privado.
La fotografía de hoy puede ser diferente; de hecho, en este momento se lleva a cabo la Enagerd 2022, y al menos 788 instituciones ya finalizaron la encuesta.
Con todo, ante un Niño global iniciándose, un volcán activado y un silencio sísmico anunciando nuevos desastres, es derecho de la ciudadanía tener información transparente y comprensible sobre cuál es la cadena de mando, cómo se gestionarán las crisis y cómo se determinan las prioridades que guiarán las decisiones en situaciones extremas. No basta con pensar “mujeres y niños primero”, se requieren consensos sobre cómo se activarán los hospitales, los servicios de agua y electricidad, y las acciones de primera respuesta conjuntas entre el sector público y privado.
La buena noticia es que contamos con un Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de las políticas y planes de gestión de riesgo de desastre. Pero no es suficiente. Lo que nos falta quizás es tener ensayos para distintas situaciones –más allá de los simulacros nacionales que el Indeci organiza– con la participación del sector público y privado, en los que se ponga a prueba la cadena de mando.
Estamos a tiempo de establecer buenas prácticas de continuidad de los servicios públicos y de colaboración entre los actores públicos, privados y sociales. Rescatar los aprendizajes de emergencias pasadas puede ser el primer paso. Estemos preparados.
