"El caso del CAS", por José Luis Bonifaz

El proyecto de ley que ordena el traslado de 275.000 trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a la planilla del Estado y que fue aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso demandaría un gasto anual de S/2.236 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas podría observarlo debido a la carga que representaría para las cuentas fiscales.

El CAS es un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que se rige por normas especiales. Los funcionarios bajo este régimen no perciben gratificaciones, CTS, ni tienen derecho a vacaciones.

El CAS es de plazo determinado, pero puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Si bien es necesario estandarizar los derechos de los funcionarios públicos bajo un mismo régimen, hay que hacerlo con sumo cuidado.

Debemos recordar que, en promedio, del 2000 al 2011, cada año han ingresado cerca de 40.000 personas al Estado. Por otro lado, el gasto en personal aumentó cada año en alrededor de S/1.000 millones (un promedio de 9% anual).

Así, en el año 2014, el gasto de personal fue de más de S/38 mil millones. Esto implica un crecimiento de más del 72% en un corto período de cinco años. Así, en el año 2009 teníamos cerca de un millón de servidores civiles y hoy tenemos alrededor de 1,5 millones.

Del total de servidores públicos, 47% presta servicios en gobiernos regionales, 14% en gobiernos locales y 39% en el gobierno nacional.

De otro lado, sin contar las carreras especiales, de cada 10 servidores que laboran para el Estado, cuatro pertenecen al régimen CAS, cuatro al régimen de carrera administrativa (Decreto Legislativo 276) y dos al régimen privado (Decreto Legislativo 728). Es decir, casi 40% de nuestros funcionarios son CAS.

¿Quién iba a poner orden en este desorden de contrataciones?

Pues Servir, que es la institución pública encargada de crear una verdadera carrera en el sector público sobre la base de una ley dictada en el 2013.

Sin embargo, de las más de 2.000 entidades que deberán transitar por Servir solo 373 han comenzado el proceso. De estas, 168 están en la primera etapa y apenas una, la ONP, acaba de culminar la tercera y deberá convocar concursos.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ido tan lento? El proceso ha tenido trabas principalmente debido a la falta de voluntad política.

Por eso le pedimos al Congreso no enmarañar más al sector público con leyes que solo crearían forados fiscales. Lo que se debe hacer es respaldar la Ley Servir e involucrar a todas las instituciones públicas bajo su ámbito. Se ha exonerado al propio Congreso, Poder Judicial, Banco Central y a la Superintendencia de Banca de esta ley.

¿Por qué? Recordemos que, para ingresar a la OCDE, el tener una carrera pública meritocrática y transparente se convierte en un objetivo fundamental. Ojalá este nuevo Gabinete mire con lupa el tema y enfrente este problema que le resta competitividad a nuestra economía.