(Por Michelle Barclay, socia del estudio CMS Grau). Han pasado más de 20 días desde el inicio del estallido social en Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera cuenta con un Gabinete recompuesto por políticos jóvenes y una nueva agenda social.
Los pilares de la agenda, que anunció días después de iniciada la crisis, contemplaron varios cambios, incluyendo: un aumento en las pensiones, un mayor ingreso garantizado para los trabajadores e impuestos más altos a los sectores de mayores ingresos.
Las medidas adoptadas no tuvieron el efecto esperado. La insatisfecha población no ha dejado de protestar y ha venido demandando la redacción de una nueva Constitución.
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El domingo último, el presidente Piñera cedió al clamor del pueblo. Luego de una larga reunión con los principales líderes políticos, ha convocado a un Congreso Constituyente para la realización de la reforma constitucional que cuente con amplia participación ciudadana y una ratificación por plebiscito.
Aún no queda claro cuál será la metodología para conducir el proceso, lo que es hoy la principal causa de debate con los opositores al gobierno.
Según informó CNN Chile, el 78% de los encuestados están a favor de una nueva Constitución para el país.
Los encuestados han manifestado que el sustento para este cambio se da porque es necesario un nuevo trato con la ciudadanía; la actual Constitución se originó en una dictadura y se requiere verdaderos cambios para que se arregle el país.
¿Es la emisión de una nueva Constitución la vía para solucionar la crisis chilena?
El diario chileno “El Mercurio” publicó hace unos días una opinión de Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, en la que se explica que en Latinoamérica existe un curioso hábito de hacer de la Constitución un chivo expiatorio sobre el que proyectamos nuestros defectos desentendiéndonos de nuestra responsabilidad por los males que sufrimos.
Así, ante una crisis grave no hay mejor culpable que la Constitución. El imputar los problemas de un país a la Constitución no ocurre únicamente en Chile, sino también en el resto de Latinoamérica. Es claro por qué somos la región en el mundo que ha tenido históricamente el mayor número de constituciones.
No es la Constitución chilena la causante de la crisis y una nueva carta magna tampoco será el mecanismo de salvación del gobierno chileno. Se requieren cambios importantes para atacar los problemas reales. De eso no hay duda. Esto no implica deshacer la Constitución y cambiar el rumbo de este país que ha venido siendo, en las últimas décadas, uno de los más prósperos de la región.
La apertura del diálogo con la oposición y los demás líderes políticos puede ser la mejor herramienta con la que cuenta en estos momentos el presidente Sebastián Piñera para llegar a un entendimiento y pacificar el país. Esperemos que sea así y Chile se reencamine hacia la estabilidad institucional y el progreso.