Que se contagie lo bueno, por Alejandro Falla [OPINIÓN]

¿Ha visto a un pavo real mostrando su plumaje? Así se ponen algunos reguladores cuando anuncian a los medios de comunicación el inicio de un proceso sancionador o la sanción que le han clavado a alguien. A más millonaria la amenaza o la multa, mayor es el pavoneo. Poco les importa si con estas medidas van a resolver el problema. Les gusta mostrarse amenazantes, con un garrote en la mano.

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Por suerte, no todos los funcionarios públicos piensan ni se comportan así. Hace unas semanas se entregó el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, organizado por Ciudadanos al Día. Desde hace 11 años, dicha ONG viene identificando y reconociendo prácticas que destacan por su creatividad e impacto en el bienestar de los ciudadanos.

Una de las prácticas premiadas y que ha merecido una mención en este Diario ha sido la desarrollada por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. Esta entidad tiene como función combatir la tramitología. Puede declarar ineficaces requisitos o exigencias establecidas por entidades públicas cuando estas son ilegales o irracionales; incluso puede colocar multas a los funcionarios y entidades responsables. Lamentablemente sus facultades son limitadas. Si encuentran que una exigencia de una municipalidad o ministerio es una barrera burocrática, solo puede declararla ineficaz para quien se quejó. La barrera seguirá existiendo para el resto de los mortales.  

¿Y por qué los han premiado? Por resolver problemas sin llenarse de procesos y multas. Sin gatillar un solo disparo, sin iniciar un solo proceso administrativo, han logrado que se eliminen 1.154 barreras burocráticas que afectan la competitividad de las empresas. 

Actuando de oficio, han logrado convencer y persuadir a las entidades que deben simplificar sus trámites y eliminar requisitos ilegales o absurdos. Esto no solo ha significado eliminar por completo y de raíz barreras que afectaban a muchos agentes, sino además le han ahorrado al Estado el costo de administrar procesos que solo abrían servido para beneficiar a algunos pocos.

Como lo demuestra la práctica, premiada previamente por el Banco Mundial y la Red Internacional de Competencia, el recurso a un proceso sancionador no es la única ni la mejor forma de resolver un problema regulatorio. Cuando el incumplimiento de la regulación se vincula menos con la criollada y más con la ignorancia o con la simple inercia de las organizaciones para hacer cambios, recurrir al garrote no solo es costoso sino puede ser altamente ineficaz. En estos casos, una mejor estrategia es la de advertir, educar y acompañar antes que enredarse en peleas donde solo ganan los abogados. 

A veces una invocación puede ser más efectiva que la amenaza de una gran multa. En este caso, la estrategia se aplicó con éxito a combatir la tramitología generada por entidades públicas. Esta misma estrategia puede ser aplicada también con empresas privadas en materia de regulación ambiental, de seguridad en el trabajo o de protección al consumidor. Ojalá que esta buena práctica se extienda tanto al interior de Indecopi como a otros reguladores.

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