¿Cómo hacemos, contralor?, por Cecilia Blume [Opinión]

La Contraloría General de la República es la entidad más importante para el funcionario público cuando toma decisiones. La contraloría supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público, las operaciones de deuda y de todos los actos de las instituciones sujetas a control. En otras palabras, la contraloría lo revisa todo y señala si se ha violado la ley en perjuicio económico del Estado.

Todos los países tienen contralorías, pero en el Perú lo grave es que muchos cuestionamientos terminan en denuncias, civiles y penales, contra funcionarios que simplemente han hecho uso de sus competencias que incluyen la discrecionalidad, imprescindible para la toma de decisiones. 

En simple: la contraloría no puede observar las decisiones que un funcionario toma dentro de sus atribuciones, pero lo hace y con ello entorpece las funciones públicas y además judicializa las opiniones, incluso las más técnicas.

La contraloría ha comunicado, con bombos y platillos, que 23 funcionarios públicos irán al Poder Judicial por la adjudicación de la línea 2 del metro. Olvida la especialización, competencia y discrecionalidad de Pro Inversión.

La contraloría debe promover la gestión eficaz y moderna de los recursos públicos. Ello no se logra siendo un policía que paraliza la gestión, sino con un control concurrente que hoy casi no se usa. Este control concurrente  significa acompañar íntegramente los proyectos, sobre todo los más complejos.

Hay dos clases de funcionarios públicos: un 99% honestos que quieren cumplir la ley y un 1% que, con contraloría o no, buscan robarle al Estado. 

Proponemos que en los proyectos más importantes se establezca el control concurrente como obligación y que una vez realizado el mismo, esta etapa precluya, y la contraloría no pueda sostener al final que hubo problemas, pues ella sería la responsable por solucionarlos al acompañar el proyecto.

La contraloría jugaría un rol importantísimo para el desarrollo del país: apoyar e impulsar el cumplimiento de proyectos de inversión cumpliendo la ley sin jugar al policía malo.

En la línea 2 del metro se sostiene desde que Pro Inversión no podía usar el “pasa o no pasa” para evaluar requisitos técnicos de los postores hasta que Pro Inversión debió sancionar con una penalidad de US$350.000 a los consultores por retraso en registrar a sus especialistas en el colegio profesional.

Salta a la vista que un retraso registral no puede penalizarse con US$350.000, pues violaría el principio de proporcionalidad y razonabilidad de cualquier sanción. El uso del método de evaluación de postores “pasa no pasa”  es común en Pro Inversión y facultativo. 

Otra perla: la contraloría le imputa a Pro Inversión responsabilidad por la demora en entregar áreas de concesión, que contractualmente es de responsabilidad del concedente, una vez suscrito el contrato.

Necesitamos una contraloría seria, responsable y vigilante que aplique las normas de control sin paralizar el país. Lo increíble es que, a partir de estos hechos, la contraloría asignará un auditor especial para cada proceso importante, lo que puede ayudar a futuro. Hoy hace falta  un mea culpa en la línea 2 del metro, al menos en aquellas imputaciones que, solo de leerlas, no tienen ni pies ni cabeza.
Entonces ¿por qué tan figurettis?