COVID-19 y transparencia fiscal, por Caroline Gibu

En el mes de junio, cuando aún no se había levantado la inmovilización obligatoria, tuve una reunión virtual con miembros de la red de periodistas de Ciudadanos al Día, quienes, desde distintas regiones del país, identifican y promueven buenas prácticas a nivel nacional.

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Uno de los temas comunes que se discutieron en esa reunión era la dificultad de leer las cifras para hacer seguimiento al presupuesto asignado a las regiones en pandemia, las contradicciones entre lo difundido por el gobierno central y los gobiernos regionales respecto al porcentaje ejecutado, y, por supuesto, la imposibilidad para muchos de monitorear resultados físicos más que presupuestales para constatar que efectivamente las personas estaban recibiendo un bien o servicio público.

Entender como se asigna, ejecuta y monitorea el presupuesto público es complejo para quien no trabaja directamente en las entidades públicas y sus direcciones presupuestales, y esa complejidad puede llevar en algunos casos a actos de corrupción o a generar desinformación y por tanto desconfianza ciudadana.

El Ministerio de Economía y Finanzas difunde información del presupuesto público y políticas económicas en su propio portal web así como en plataformas especiales creadas especialmente para el seguimiento al gasto en emergencia a través de los portales Plan Económico del Perú frente al Covid-19 y Recursos para el Covid-19, sección especial del Portal de Transparencia Económica.

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Si toda la información es pública y está disponible, ¿por qué entonces un gobernador regional cuestionado por los periodistas ante su baja ejecución presupuestal puede demostrar lo contrario'; y ¿por qué en debate público en el Congreso se cuestiona la distribución de los recursos y sus beneficiarios finales? Más allá de las intenciones políticas, el acceso a la información y la transparencia presupuestal por sí solas, no generan entendimiento, vigilancia ni valor público, se requiere un paso más.

¿Qué hacer entonces?

Los periodistas económicos, así como las organizaciones de la sociedad civil que monitorean las acciones del Estado, desean conocer el manejo de las cifras económicas manteniendo su independencia e imparcialidad. El MEF ha apostado por la capacitación y relación permanente con estos agentes como parte de su política de comunicación; pero para que esto realmente funcione debe ir más allá, se requiere incluir más periodistas, sobre todo en regiones, no especializados que pueden formar su opinión conociendo mejor las plataformas; formar vocería que conecte con el día a día de las personas; y medios más allá de portales web que involucren a los reales beneficiarios de los programas presupuestales.

Colocar a los grupos vulnerables en el centro del diseño comunicacional, ayudará a construir mejores herramientas para la transparencia fiscal en tiempos de pandemia.

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