El galimatías de la permisología minera

Desde diferentes tribunas he venido subrayando el serio problema de la burocracia estatal en el Perú, particularmente en el sector minero. Este problema resultante de las limitadas capacidades a todo nivel, así como la falta de una gobernanza clara, mantiene contenida su enorme potencial; un potencial que se trasladaría directamente en mejoras sustanciales en el bienestar de la población. Un análisis del desempeño del sector entre el 2000 y el 2019, nos permite concluir que el sector ha aportado más de 0,5 puntos porcentuales de crecimiento anual del PBI potencial, así como una contribución de casi un tercio en el porcentaje de reducción de la pobreza en dicho período.

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Todo este potencial, sin embargo, se ve bloqueado con mayor intensidad desde hace una década debido a cambios de políticas y visión sobre la minería por parte de diferentes gobiernos. Esto, ha evitado la rápida ejecución de los cerca de US$ 60 mil millones de dólares que conforman la actual cartera pendiente de inversión del sector. Si, por ejemplo, se lograra la luz verde para al menos el 20% de los proyectos altamente factibles, el Perú tendría la posibilidad de incrementar en 60% su PBI per cápita en sólo una década. ¿Pero, cuáles son las causas de este absurdo?

Por un lado, tenemos los efectos de la conflictividad, los cuales se han incrementado en 15% sólo en los últimos dos años. De acuerdo con el Banco Central los conflictos mineros el Perú pueden tener un impacto de 0,2 puntos porcentuales en un año. Si bien el incremento de la conflictividad que afectan al sector responde en parte a la situación de deterioro político y penetración ideológica de grupos anti-minería, también se debe a la mala gestión económica y a la falta de gobernanza en el Estado para atender estos problemas con las poblaciones involucradas.

Nuestro Estado también ha ido desarrollando nuevas formas de “dispararse a los pies”, con el incremento incesante de los trámites y permisos mineros. De acuerdo con diversas fuentes del sector, se pueden identificar más de 200 trámites que involucran a 20 entidades públicas. De acuerdo con el IPE (2023), se estima que el plazo efectivo del Estudio de Impacto Ambiental -uno de los tortuosos requisitos burocráticos- puede multiplicar en la práctica 5 veces el plazo legal. La propia fuente señala similar impacto en el caso del proceso de consulta previa. Con todo esto, un retraso de 4 años en el inicio de la inversión y producción de un proyecto minero, debido a la permisología incrementada por la burocracia, lleva a una pérdida estimada de 2 puntos porcentuales de crecimiento durante el periodo. ¿Por qué se ha permitido que la burocracia tenga tanto poder para obstaculizar la inversión y el desarrollo?

El Banco Mundial (2021) concluía que no hay ningún incentivo para el funcionario o institución estatal para cumplir con el calendario, lo que hace del plazo legal “letra muerta”. Así mismo, los términos de referencia que son de carácter general no terminan de coincidir con las particularidades de la geografía ni del proyecto; la discrecionalidad que brinda la norma al evaluador le da carta blanca para exigir prácticamente cualquier información que se le ocurra; y, el proceso de observaciones al proyecto no tiene un proceso institucionalizado y predecible. En otro tanto, en el caso del acceso de tierras, se destacaba la ausencia de monitoreo oportuno del Estado la cual sólo actúa cuando la situación se transforma en un conflicto social.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha venido proponiendo desde hace más de cuatro años la implementación de una Ventanilla Única Digital Minero-Energética (VUDME), con el fin de construir un canal único para gestionar los permisos y autorizaciones, así como simplificar los procedimientos administrativos. Hoy, parece que nuestra insistencia ha dado fruto al constatarse que el gobierno tiene la intención de avanzar en este objetivo, con el DS 017-2023-EM, donde se sientan estas bases bajo el denominado VUD-Minem, convocando la participación de nueve entidades públicas vinculadas a la aprobación de permisos y trámites para el desarrollo de proyectos o actividades de la minería, donde Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene la responsabilidad de administrar y convocar a los involucrados. Esto, en estricto, constituye un segundo, luego de la normativa del 2019 donde se creaba similar ventanilla, pero con sólo 5 entidades.

Cómo hemos analizado en varios de los informes del CPC, definir una ventanilla única como tal no es por sí misma la solución al problema, pues, por ejemplo, de nada serviría crear esta única puerta de entrada para luego terminar encontrándose con otras nueva puertas. El gran trabajo de esta nueva ventanilla descasará en lo que no está escrito en la normativa, que implica un real compromiso top-down, es decir, donde la presidencia de la República y la presidencia del Consejo de Ministros se involucren personalmente para “espolear” a todas las instituciones comprometidas para terminar con las duplicidades de los permisos y trámites y terminar con las áreas grises que llevan al funcionario a tomarse atribuciones que no le corresponden o a aletargar sus decisiones. Si esto no se hace, la nueva normativa puede terminar en “letra muerta”.