Delegación de facultades: el Oso y los Ositos

No es novedad ver al Congreso aprobando iniciativas que buscan destruir algunas reformas o instituciones que han servido para avanzar en algunos temas. Están en campaña y, dada la debilidad del Ejecutivo, tienen una pista sin obstáculos para lograr casi lo que quieran. Lo que sorprende es ver al Poder Ejecutivo sumándose a esa agenda destructiva. Y es que quiere que el Congreso le delegue facultades para -sin mayor estudio, base objetiva, o consulta previa- desaparecer a los “Ositos” (OSINERGMIN, OSIPTEL, OSITRAN y SUNASS).

El Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades para legislar en diversas materias con el objetivo -entre otros- de promover mejorar el clima de inversiones (Proyecto de Ley 7752/2023-PE).  Como parte de ello ha solicitado facultades para modificar la Ley 27332 (Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos) “… para establecer medidas de articulación y coordinación de los organismos reguladores, orientada a la mejora de la gestión regulatoria”. Aparentemente, no se trata nada distinto a buscar un trabajo más coordinado entre los “Ositos”.

Pero parece que la verdadera intención -en boca de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros en una reunión en el Congreso en la que se sustentó el pedido- es la eliminación de los “Ositos” y su reemplazo por un gran “Oso”.

De esta forma, la regulación y supervisión en los temas de telecomunicaciones, energía, infraestructura de transporte y saneamiento pasarían a ser controlados por una gran entidad.

Con esta medida -señalan- se lograría una mejor coordinación de los temas (todos estarían bajo un mismo gerente) y una mayor eficiencia en el uso de los recursos (los recursos sobrantes en un lado pasarían a donde hace falta -añaden-).

Se alega que la propuesta respondería a una recomendación de la OECD. Suena raro. El modelo de “super regulador” no es la regla en los países de la OECD. Tampoco parece ser un modelo a “prueba de balas” y aplicable en cualquier circunstancia.

En el 2013, España concentró en un solo regulador lo que estaba en manos de ocho reguladores independientes, incluyendo a la agencia de competencia. Se alegó como justificación la búsqueda de ahorros económicos. Este cambio no ha dejado contento a nadie. Hoy se discute en España un proyecto de ley para revertir la reforma, reestableciendo la existencia de un regulador independiente de energía.

Las razones invocadas por el Ejecutivo para buscar un reemplazo del modelo suenan a excusas que dejan dudas sobre las verdaderas intenciones. ¿Andan buscando un “Oso” domesticado para exhibirlo en un circo? Sería peligroso.

Los organismos reguladores de la inversión privada no son perfectos. Es un modelo que seguro requiere ajustes. Pero promover su desaparición a escondidas, no parece la mejor forma de hacerlo. Tampoco sirve para mejorar el clima de inversiones; por el contrario, lo empeora.  Esperemos que el Congreso no ayude al Ejecutivo con esta tarea destructiva.