El presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó al Congreso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales en el 2020
El presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó al Congreso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales en el 2020
Carlos Ganoza

Economista y cofundador de Quantum Talent

La iniciativa presentada por el para reformar la Constitución y adelantar ha abierto una discusión sobre la necesidad de que los gobernantes escuchen más a la opinión pública. La aprobación mayoritaria de la ciudadanía al adelanto de elecciones es quizá el argumento más usado para respaldarla.  

Politólogos como Steven Levitsky ven positivo que el gobernante responda a las demandas ciudadanas reflejadas en las encuestas de opinión. 


Sin embargo, es crítico diferenciar entre atender los intereses de la ciudadanía, versus atender las demandas que esta expresa a través de encuestas o instrumentos de democracia directa (como referéndums). Lo primero es fundamental en una democracia. Lo segundo puede ser muy peligroso por dos razones.  

La primera es que el trabajo del ciudadano no es analizar los costos y beneficios de una política pública o de una decisión de gobierno, ni compararla con diferentes alternativas. Para eso los ciudadanos elegimos autoridades y estas a su vez nombran funcionarios públicos. La literatura sobre economía política hace mucho tiempo ha identificado que lo racional para la gran mayoría de ciudadanos es mantenerse ignorantes sobre asuntos públicos. Sencillamente porque el costo de informarnos es alto y el beneficio casi cero.  

El Perú no es una excepción: el público que se mantiene frecuentemente informado sobre estos temas fluctúa en torno al 25% de la población adulta, según Ipsos.  

La ignorancia del votante ocurre incluso en democracias avanzadas de los países de la OCDE, no es una característica exclusiva de países emergentes o democracias frágiles.  

La segunda razón es que la ignorancia no es un impedimento para opinar ni para tener creencias extremas. Nuevamente, el costo de mantener una creencia política errada y sin fundamento es nulo. Mientras que en nuestras decisiones privadas –por ejemplo, comprar una casa o enviar a nuestros hijos al colegio– el costo de mantener creencias extremas y sin fundamento puede ser muy alto y sufrimos rápidamente las consecuencias, en nuestras decisiones políticas el costo es inexistente, porque no tenemos capacidad individual de influenciar una votación.  

Por eso las opiniones políticas de las personas pueden ser muy influenciables por emociones y sesgos que apuntan en dirección contraria a los intereses de la nación. Un caso reciente es la votación a favor del ‘brexit’ en el educadísimo y superinstitucionalizado Reino Unido.  

Por lo tanto, si sumamos la ignorancia racional del elector a su facilidad para mantener opiniones políticas extremas y sin fundamento, el resultado es que los instrumentos de democracia directa pueden ser contraproducentes. Por esa misma razón hay que tener mucho cuidado de no legitimarlos como mecanismos de buen gobierno. Pensemos que el día de mañana un gobernante populista o autoritario puede usarlos para recortar derechos de minorías o llevar a cabo desastres económicos (¿a quién no le gustaría triplicar el sueldo mínimo?), entre muchas otras cosas.

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