Cerca de US$6 mil millones es lo que se necesitaría para tener infraestructura de distribución suficiente para que el gas natural llegué a 5 millones de nuevos hogares peruanos. Además de estas inversiones, que deben ejecutarse de manera continua, es necesario que el Estado tenga políticas claras, planeación adecuada y determine plazos oportunos para alcanzar mayores niveles de cobertura de este servicio público.
Iniciativas puntuales del Estado para la masificación, como las canalizadas por el Fondo de Inclusión Social Energético, han ayudado, pero no son suficientes ni sostenibles a largo plazo. Este hecho se demuestra porque en el Programa Anual de Promociones 2024 del FISE, no se aprobaron recursos adicionales para la ampliación de más redes de ductos en las regiones que tienen concesiones de distribución de gas natural.
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Este contexto evidencia que son necesarias condiciones que permitan el crecimiento sostenible de la distribución de gas natural, que ya tiene el compromiso de inversionistas privados dispuestos a ser “socios del Estado” para su masificación. Para lograrlo, es clave que exista una tarifa de gas natural competitiva para los pequeños consumidores (hogares, comercios, vehículos a GNV), y también para los clientes que consumen un mayor volumen de gas natural (industrias locales) porque son estos últimos los que aseguran que el subsidio cruzado funcione correctamente.
En las regiones, a pesar de los esfuerzos privados, no existen condiciones para seguir desarrollando el mercado de gas natural porque las tarifas incluso duplican a las que se aplican en Lima, es decir, no se cumple con la variable de competitividad por dos motivos.
El primero es que no hay infraestructura de transporte, entonces se debe hacer a través de un gasoducto virtual que encarece la tarifa. El segundo es que la demanda de gas natural aún es muy baja.
El Congreso tiene en sus manos el futuro de la masificación del gas natural, con el debate y la eventual aprobación del proyecto de Ley 679 con una tarifa justa y equitativa para todos los peruanos. Sin embargo, la propuesta que aprobó la Comisión de Energía y Minas presenta un gran problema: su alcance excluye justamente a los clientes que consumen más de 50.000 m3/mes del recurso, lo cual limita que se incorporé mayor demanda que, a su vez, garantiza mayores inversiones para la construcción de nueva infraestructura.
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La barrera a la masificación que se pretende aprobar carece de sustento técnico y, si bien beneficiaría solo a los actuales hogares conectados, evitaría que más familias accedan al gas natural. Además, desincentiva las nuevas inversiones, no genera empleo, y mantiene la centralización, desigualdad y pobreza.
Solo en el norte del Perú, las mayores inversiones que generarían esas condiciones permitirían sumar más de 400.000 nuevas conexiones a gas natural en los próximos años. Los beneficios no solo llegarán a las regiones que ya tienen concesiones, sino que también viabilizarán la masificación en departamentos que hoy no cuentan con ese servicio. De esa manera, empezaríamos a cumplir el derecho de que todos los peruanos accedan a un servicio básico que es amigable con el medio ambiente, confiable y que también debería ser económico.
