El ánimo populista del Legislativo ha dado paso a iniciativas incuestionablemente perjudiciales para el país. Ejemplos de contrarreformas sobran y sus impactos en el largo plazo han sido advertidos de todos los modos posibles. Sin embargo, me atrevería a señalar que muy pocos casos ha tenido un revés como lo está teniendo la Ley 31143, que -como señala su nombre- buscaba defender a los usuarios de la usura financiera colocando topes a las tasas de interés.
Tres años han pasado desde su publicación y en el mismo periodo hemos visto el lamentable crecimiento de los préstamos informales y de los ‘gota a gota’. Una ley que, pese a los esfuerzos por advertir sus efectos negativos, incluso contó con el respaldo del Tribunal Constitucional. La semana pasada, el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, en diálogo con El Comercio, ha mostrado su convicción por eliminarla.
Si bien es de saludar la decisión de eliminar los topes, ello no puede dejar de lado un hecho concreto: nos costó caro no hacerle caso a la evidencia. Los controles de precios no son buenos. Por querer entregar una iniciativa favorable al peruano, se terminó haciendo lo contrario. Y peor aún, poniéndolo en riesgo.
Esta ley incluso ha ido en contra del esfuerzo nacional por incluir financieramente a más peruanos. Según mediciones del IPE, cerca del 8% de familias en el Perú a julio del 2023 habían tomado un crédito informal y a tasas de más de 500%. ¿Cuánto hubiéramos ganado si, por el contrario, incluíamos a esos peruanos al sistema?
Que el esfuerzo por la eliminación no se pierda en la discusión nacional. Los promotores de la ley siguen en el Congreso y, pese a que ya existe el precedente de un dictamen aprobado en la comisión de Economía, no sorprendería que los ánimos partidarios terminen postergándolo. Lo peor que podemos hacer, como con tantas tareas pendientes en el país, es seguir demorando.