"Flexiseguridad en educación superior", por Gustavo Yamada

GUSTAVO YAMADA
Decano de la U. del Pacífico

La presión demográfica, la mayor cobertura de educación secundaria y el crecimiento económico de las últimas dos décadas han sido factores cruciales para el incremento sostenido en la demanda por educación superior en el país, sobre todo universitaria. El sistema peruano ha respondido con un incremento masivo en la oferta de universidades e institutos, principalmente privados, bajo el modelo contemplado en el D.L. 882.

En un artículo reciente (“Más acceso con menor calidad en la educación superior”, “Apuntes”, 2013) comprobamos que el acceso a la educación superior en el Perú se ha incrementado sustancialmente en la última década. Lo novedoso del estudio es que se utilizó una encuesta que mide habilidades de varias generaciones. El trabajo comprobó un deterioro significativo en habilidades cognitivas de los universitarios ingresados recientemente. A dicho proceso ha contribuido el menor nivel de selectividad del sistema, principalmente de las universidades privadas. Así, una de las razones del deterioro de la calidad de profesionales en el Perú serían las menores habilidades de las últimas generaciones de estudiantes.

Si bien se requiere un incremento de la educación superior como herramienta para el desarrollo del país, es necesario que venga acompañado por reglas de juego que preserven sistemas de admisión exigentes y estándares de calidad adecuados. De nada sirve tener un mayor porcentaje de jóvenes con educación superior si, al llegar al mercado laboral, lo único que obtenemos son más subempleados profesionales. En otro estudio con Pablo Lavado y Joan Martínez (“¿Promesa incumplida?: La calidad de la educación universitaria y el subempleo profesional en el Perú”, 2014) hemos estimado un incremento en el subempleo profesional de 29% a 40% en los últimos años.

Es en el marco de estos resultados desalentadores que se inscribe el debate actual sobre una nueva ley universitaria y una superintendencia nacional de educación superior universitaria. Creemos que debe primar una legislación flexisegura (término que tomo prestado y adapto de la doctrina de flexiseguridad laboral).

Por un lado, la legislación debe promover mucha flexibilidad y diversidad de modelos universitarios, que atiendan de manera rápida y eficaz las cambiantes necesidades del país y la incesante revolución tecnológica que está afectando el modelo tradicional de enseñanza e investigación universitaria. Demasiado reglamentarismo, en este sentido, no ayudará a mejorar la calidad de la educación superior.

Por otro lado, el proceso de licenciamiento debe asegurar condiciones mínimas de calidad para la provisión del servicio educativo, en todas las instituciones públicas y privadas, ya que se trata de un mercado con importantes asimetrías de información. De esta manera, los jóvenes tomarán decisiones trascendentales para sus vidas con mejor información y menores riesgos.

En esta línea, se necesita con urgencia el Observatorio Laboral Educativo (OLE) que indique la empleabilidad real de los egresados de todas las carreras, universidades e institutos de educación superior. Felizmente, los ministerios de Educación y Trabajo, junto con IPAE y la colaboración de la Sunat, finalmente están haciendo realidad esta última propuesta (que hemos formulado desde hace ocho largos años sin que “se oyera, padre”).

PD: Descansa en paz, estimado Fritz, y muchas gracias por todos tus aportes al desarrollo del país.