¿Quién lidera el proceso de formalización minera?

Durante estos últimos 25 días, tres empresas mineras han sido objeto de atentados por parte de mineros ilegales en La Libertad. La madrugada del pasado 25 de junio, sujetos armados ingresaron a la Minera Aurífera Retamas S.A. (Marsa), ubicada en la comunidad de Llacuabamba, distrito de Pataz, tomaron rehenes que luego fueron liberados y atentaron contra la infraestructura de la empresa con explosivos de gran alcance.

Solo siete días después, el 2 de julio, se produjo un ataque violento en Coigobamba Baja, en el distrito de Huamachuco, donde sujetos con armas de largo alcance invadieron la concesión de la minera Summa Gold Corp., en el área colindante a sus operaciones. En esta oportunidad no hubo daños personales.

Y el 11 de julio, nueve días después, atentaron una vez más contra las instalaciones de minera Poderosa, en el distrito de Pataz. Esta vez, tres trabajadores resultaron heridos y uno de ellos fue retenido por seis horas.

Estos ataques se siguen produciendo y amplificándose a un mayor número de operaciones mineras legales y formales del departamento de La Libertad, aun cuando Pataz se encuentra en estado de emergencia. En los últimos dos casos, tanto Poderosa como Summa Gold indican que los delincuentes ingresan a los socavones y roban el mineral, para luego circular impunemente porque muestran su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Como sabemos, el tener el Reinfo no formaliza, pero sí les permite seguir operando y transportar el mineral con total libertad de tránsito sin que la policía pueda actuar.

Es así que, conforme a los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a julio del presente año, poco más de 2.049 mineros se han formalizado, frente a los 86.122 inscritos, entre personas naturales y jurídicas.

Si bien, 62.861 se encuentran en condición de suspendidos, esta suspensión no ha generado mayor cambio, ya que si bien no deberían seguir operando, en la práctica sí lo hacen, teniendo en cuenta que la mayoría de direcciones regionales de minería (DREM) o gerencias regionales de minería (GREM) no cuentan con presupuesto, capacidad o voluntad de realizar las supervisiones, que culminen en procesos de exclusión del Reinfo. Evidentemente, las DREM o GREM no han estado ni están capacitadas, ni preparadas para asumir el liderazgo de estos procesos en el ámbito regional.

Otro actor clave en el territorio es el Ministerio Público. Las fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA), como señala César Ipenza (2020), fueron creadas para prevenir e investigar los delitos en materia ambiental y que tienen como eje principal la prevención y el trabajo coordinado y estratégico con las otras entidades públicas.

Estas FEMA funcionan en la sede de los diferentes distritos judiciales en el ámbito nacional y tienen a cargo un fiscal especializado en la materia. Por lo tanto, si seguimos analizando lo que sucede en Pataz, cabe mencionar que La Libertad sí cuenta con una FEMA y son las que lideran las interdicciones, de la mano con la PNP y las DREM o GREM.

A raíz de los últimos atentados en Pataz y Huamachuco, tomamos conocimiento que hace más de dos meses, la FEMA de La Libertad no ha liderado las acciones de interdicción. Ante el avance de la minería ilegal, correspondería que se retome.

Actualmente, la FEMA en el ámbito nacional se encuentra a cargo de una fiscal de reconocida trayectoria y compromiso por su lucha contra la minería y la tala ilegal, por lo que al parecer lo que no está funcionando son las dependencias a nivel descentralizado. Las FEMA tienen funciones relevantes en la lucha contra la minería ilegal y antes han estado liderando procesos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será falta de presupuesto, liderazgo, apoyo o voluntad de cumplir sus funciones?

Estos son dos temas de los varios que debemos seguir analizando y que suceden en el territorio. A la par, no debemos perder de vista que el Congreso sigue con proyectos de ley que favorecerían a los mineros ilegales, ampliando los plazos de formalización, lo que generará más impunidad. La elección de la nueva Mesa Directiva es clave para conocer lo que se viene en términos legislativos para el 2024-2025.

Por otro lado, el Minem ha anunciado la presentación de un proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal, que permitirá ordenar las actividades mineras y minería de pequeña escala, así como concluir el proceso de formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de este año.

Entre otros aspectos, ha señalado que la norma busca fortalecer a las DREM y GREM en el ejercicio de sus competencias de supervisión, y fiscalización, así como facultarlas a tercerizar esas competencias a empresas calificadas acreditadas por el Minem. El compromiso es que la ley sea producto de un proceso participativo que recoja los puntos de vista de la mayor cantidad de actores involucrados.

Finalmente, esperamos que esta norma se aterrice con procesos viables –teniendo en cuenta plazos, responsables y sanciones– y que cuente con un gran director de orquesta que, respetando las autonomías institucionales, lidere, coordine y rinda cuenta de los resultados formalizando a quienes realmente lo requieren y sancionando a las actividades ilícitas.