Carolina Trivelli

La crisis derivada de la pandemia trajo de vuelta temas que dábamos por superados o en proceso de superación, entre los que destaca el hambre.

De acuerdo con el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición (SOFI, 2021), en América Latina y el Caribe pasamos de 46 millones de personas pasando hambre en el 2019, a 60 millones en el 2020 (34 millones en América del Sur), lo que implica que 9% de la población de la región pasa hambre.

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En el Perú, el recrudecimiento del hambre es evidente. La aparición de centenares de ollas comunes son una muestra de ello. Según el SOFI 2021, en el 2013-2015 el 5,4% de peruanos pasaba hambre, aumentando a 8,7% en el período actual (2018-2020). Esto implica un estimado de 3 millones de personas con hambre. En el mismo sentido, el Programa Mundial de Alimentos, a través de encuestas telefónicas, encontró en enero del 2021 que un 12% de los entrevistados (que equivale a casi 4 millones de personas) respondieron que “regularmente pasaron un día entero sin comer” y que un 14% adicional “regularmente se saltó una comida o comió menos”.

Un país con hambre no puede progresar; una persona con hambre o una familia que no logra alimentar a sus niños no pueden salir adelante. El derecho a la alimentación es incuestionable, pero no es lo único a atender. Además de superar el hambre, sigue pendiente atender los problemas de malnutrición, como la desnutrición crónica infantil, la anemia, el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Nuestro sistema alimentario enfrenta enormes desafíos para combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición, y hacerlo todo a la vez.

Hoy, por supuesto, urge atender la emergencia del hambre. Hay que activar y ampliar toda las acciones posibles desde el aparato público: más donaciones de alimentos a familias, organizaciones sociales, ollas comunes, sin duda; más programas de empleo temporal y transferencias (bonos) para que las familias puedan contar con dinero para comprar alimentos; más programas de asistencia alimentaria (como comedores populares); más alianzas con el sector privado para que se sumen a este esfuerzo (con programas como el Banco de Alimentos); y todo lo que tenga a su alcance para que nadie pase hambre hoy, mañana, pasado.

Atender la emergencia del hambre es imprescindible, pero no resuelve el problema de fondo: que ningún ciudadano pase hambre, ni por su condición económica ni como resultado de un evento adverso o una crisis –de salud, de la economía o por un desastre natural–. Para ello se requiere una estrategia mayor, no de emergencia, sino una política de estado. Y, para que esta exista y cuente con los instrumentos y recursos necesarios, se requiere una institucionalidad responsable de la seguridad alimentaria y nutricional. Hoy no es claro a quién le corresponde esa responsabilidad: ¿al Midis? ¿Al Minsa? ¿Al Midagri? ¿A las municipalidades? Sin un responsable claro es difícil lograr cambios que aseguren que lograremos evitar el hambre y transitar hacia un sistema alimentario eficiente, inclusivo, resiliente y sostenible.


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