Larcomar y la conjura de los necios, por Pedro Tenorio
Larcomar y la conjura de los necios, por Pedro Tenorio

¿Por qué en el Perú hay tantos accidentes? No sé si ya lo sabe, pero durante la época del terrorismo murió más gente en accidentes de tránsito que producto de toda la violencia generada en esa época. La cifra de accidentes en el Perú resultaba superior (en términos relativos) a la de países con un parque automotor incluso más grande que el nuestro. Algo ha cambiado en los últimos años, pero no tanto. Lo trágico es que la mayoría de estos accidentes son evitables. Este panorama es similar en otras actividades. Piense solo en lo que tiene más fresco: el . 

Una regla simple podría ayudar a generar incentivos en las personas y empresas para que hagan sus mejores esfuerzos por evitar accidentes. “Si causas un daño a otro, estás obligado a colocarlo en la misma situación que tenía antes de que hubiera sufrido el accidente que has causado y que podías haber evitado siendo más cuidadoso”. 

No se requiere mucho papel para escribir esta regla. Cualquiera puede entenderla. La regla no te dice qué es lo que debes hacer para evitar el daño. No te impone ningún estándar. Te deja en libertad para que tú decidas cómo lo haces. No te exige un permiso o el sello de algún funcionario antes de iniciar una actividad. No hay control previo de una municipalidad o de Indeci. Tampoco te fuerza a pasar revisiones periódicas o a renovar tus permisos. La única obligación que te impone es una de resultado: no causes daño a nadie; si lo haces, pagas. Esta amenaza es la que disciplina y logra reducir la incidencia y gravedad de los accidentes.  

Esta regla existe en el Perú. Su aplicación está en manos del Poder Judicial. Pero no tiene dientes. No muerde. Y es precisamente por ello que las historias de accidentes y de tragedias se repiten en nuestro medio. Nadie paga por los daños que causa a otros ni se preocupa mucho de evitarlos.  

Procedimientos  judiciales largos y costosos actúan como una barrera burocrática al reclamo de las víctimas. Son pocas las víctimas que tienen los bolsillos necesarios para aguantar largas batallas judiciales. Montos indemnizatorios diminutos que no corresponden a los daños efectivos diluyen aun más la fuerza del incentivo. Y cuando el mecanismo realmente funciona otorgando una compensación efectiva a alguna víctima –noticia que podría ayudar a reforzar la amenaza– nadie se entera. En este contexto, no sería raro que las empresas califiquen como remota la contingencia de ser condenados a pagar una indemnización por un accidente luego de un proceso judicial. 

Si lo que se quiere es prevenir accidentes, hay que pensar menos en revisiones previas, sellos y papelitos. Son costosos y de dudosa eficacia. Los accidentes se evitan generando en quienes controlan las actividades de riesgo incentivos que los fuercen a prevenir accidentes incluso más allá de lo que exige una norma. No hay mejor incentivo que la condena a pagar por los daños generados. Hay que pensar más en cómo hacer que las víctimas reciban una indemnización efectiva. Aquí también hay trabas burocráticas. Ojalá no sea necesario otro trágico accidente para empezar a pensar en serio en este tema. 

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