En el año 2017, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) registró 359 inversiones para el período 2018-2020 en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI). Para el año 2018, se programaron 201 inversiones con un monto total de S/2.450 millones, 136 inversiones para el año 2019 con un monto total de S/497 millones y 11 inversiones para el año 2020 con un monto de S/280 millones.
De las 359 inversiones incluidas en el MPMI, 39% corresponde a muros y escaleras, 16% a ciclovías y solo 4% a transporte urbano, entre otros.
Como se observa, los montos de inversión programados para los años 2019 y 2020, con nuevo alcalde, son ostensiblemente menores a los del 2018. Asimismo, llama la atención que solo 4% del total se destine a transporte público.
Lo que pasa es que la MML no cuenta con un diagnóstico de la infraestructura y acceso a los servicios públicos. De hecho, no cuenta con un estudio sobre el estado de las condiciones físicas y del nivel de servicio de la red vial metropolitana que permita determinar la línea base para el diagnóstico de la brecha.
Por otro lado, al revisar la información presupuestal sobre las transferencias destinadas a gobiernos locales para el ejercicio fiscal 2019, se observa que las inversiones son financiadas con las transferencias del gobierno nacional y por endeudamiento.
En este último caso, el Consejo Municipal Metropolitano autorizó en el 2016, un endeudamiento por S/899 millones sin garantía del gobierno nacional, a un plazo de ocho años. Con esto se descarta la posibilidad de financiar inversiones mediante deuda en los próximos años.
Más aún, de acuerdo con el segundo reporte trimestral del 2018 sobre cumplimiento de las reglas fiscales, la MML incumple la regla fiscal de saldo de deuda total.
Según este reporte, la MML tiene deudas por un total de S/1.773 millones y sus ingresos corrientes alcanzan los S/1.273 millones. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento asciende a 139,4%. Las consecuencias de este elevado nivel de endeudamiento repercuten en la capacidad de emprender cualquier asociación público privada (APP) cofinanciada.
En otras palabras, el nuevo alcalde estará atado de manos para realizar obras de gran envergadura si no recibe ayuda del gobierno central.
Corresponde entonces al nuevo alcalde revelar en qué estado recibe la MML. Para esto es necesario realizar una auditoría contable que presente las posibilidades financieras para acometer las obras que necesita la ciudad.
Asimismo, debiera realizar un diagnóstico integral de la infraestructura y acceso a los servicios públicos. Además, debiera proponer un plan de infraestructura de 3 años y buscar que sea financiado, en parte, por el gobierno nacional. Es la mejor forma de transparentar las finanzas recibidas y luego rendir cuentas de la gestión futura.