La Mirada: Los privados en la inversión pública

En los últimos veinte años, el Presupuesto General de la República ha aumentado cerca de cinco veces. Sin embargo, es evidente que el Estado no satisface las necesidades más básicas de un enorme segmento de peruanos, y que esta situación es el caldo de cultivo para la gran desafección ciudadana existente.

Las deficiencias en la gestión pública y la rapidez con que se deberían atender los legítimos reclamos de la población obligan a repensar la participación privada para mejorar el acceso y la calidad de los servicios. Necesitamos dejar los prejuicios de lado y alentar nuevas formas de colaboración público-privadas.

Aunque existen valiosas iniciativas en curso, escalarlas demanda liderazgo y espacios de confianza mutua. Veamos el sector de agua y saneamiento, particularmente sensible por su impacto en la salud pública y las condiciones de desarrollo humano de la población. Pese al incremento en la asignación de recursos, solo el 2,6% de habitantes en Tumbes y 16% en Piura tienen acceso a agua potable las 24 horas del día. En contraste, Arequipa llega al 72%. Esta situación grafica la importancia de enfocarse no solo en infraestructura, sino también en la calidad de los servicios que se brinda, más aún ante un inminente Fenómeno El Niño y el repunte de casos de dengue en el norte.

Es cierto que la población ve con recelo la intervención del sector privado en la provisión de un servicio tan fundamental como el agua. Se necesita decisión política que fomente esta mayor aceptación social hacia los privados. Podría empezarse otorgando contratos de gestión y de compra de “agua en bloque”, y luego ir hasta eventuales concesiones parciales o totales.

Un patrón similar ocurre en saneamiento. Necesitamos cambiar el modelo de gestión de las entidades prestadoras de servicios de agua y saneamiento (EPS). Hay 50 EPS entre Sedapal y empresas públicas municipales, más de 400 prestadores en pequeñas ciudades y 28.000 prestadores en el ámbito rural. Una locura en términos de eficiencia, porque no aprovechan economías de escala. Tampoco saben cuánta agua se consume, porque más del 70% de conexiones carecen de medidor.

El Gobierno sabe que debe impulsar la economía. Por eso está intentando simplificar procesos y facilitar la obtención de licencias y permisos que destraben proyectos de inversión. Ya consiguió facultades legislativas para reactivar el aparato productivo y modernizar al sector público. Ha presentado un proyecto de ley para crear la Autoridad Nacional para la Infraestructura (ANIN), y remitirá al Congreso una nueva Ley de Contrataciones del Estado.

Claramente, la ANIN requerirá un equipo profesional de primer nivel. Pero poco podrá lograr si la ejecución sigue sujeta a la rigidez de los sistemas administrativos, demoras en las expropiaciones y la permisología, falta de competencia de las constructoras (y creciente dominancia de las empresas chinas), y enfoque punitivo de la Contraloría frente a uno de gestión de riesgos.

En Videnza acabamos de elaborar un estudio para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sobre la situación de la ejecución de infraestructura pública en el Perú. Vemos cómo los 72 proyectos priorizados para 2022-2025 en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad suman S/ 146.622 millones. Sin embargo, S/ 127.662 millones siguen pendientes de ejecución. A ese ritmo, tomará treinta años cerrar la brecha de infraestructura nacional.

Asimismo, identificamos cómo los costos y plazos de las obras superan largamente lo programado. En costos, el promedio es 26% más en obras realizadas por administración directa (ejecutada por el propio personal y maquinaria de la entidad pública); 23% más en contratistas elegidos por concurso público; 3% más en núcleos ejecutores (organizaciones comunitarias que gestionan el financiamiento de un proyecto); 11% más en Asociaciones Público-Privadas (APP); y 9% más en Obras por Impuestos (OxI).

En cuanto al retraso de proyectos según modalidad, 87% son obras por administración directa; 85%, contratistas; 93%, núcleos ejecutores; 97%, APP; y 80%, OxI. ¿Por qué son cifras tan elevadas, sobre todo en APP? Desde que explotó el caso de corrupción generalizada de las constructoras, el Estado se burocratizó aún más y desincentivó la toma de decisiones por temor a sanciones administrativas e incluso penales. El resultado fue la dilación en el inicio de las obras.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe dejar de pensar en las APP con un enfoque de obra pública y centrarse en los servicios que pueden ofrecer. El reciente decreto legislativo publicado que elimina la aprobación del MEF sobre la capacidad presupuestal en las fases iniciales de una APP es un paso en la dirección correcta; falta aún retornarle mayores competencias a Proinversión.

Nuestra inversión pública es de baja calidad porque privilegia el corto plazo. El recurso humano que interviene en su gestión suele tener limitadas calificaciones —prueba son la pobre ejecución presupuestal y la baja calidad y sostenibilidad de los servicios asociados a la inversión—. A ello se les suman la alta rotación de autoridades y funcionarios, la escasa coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y la corrupción.

Debemos alentar una mayor y más activa colaboración del sector privado en la inversión pública. Ello permitiría profesionalizar la gestión pública a partir de la carrera meritocrática. Planificar el desarrollo sectorial y territorial con visión de futuro. Supervisar todas las fases del ciclo de inversión pública. Y migrar a modelos de ejecución más eficientes, transparentes y centrados en servicios, no solo en infraestructura.

Frente al Estado, los privados siempre serán mejores gestores y tendrán mayores capacidades de innovación, tecnología y conocimiento. ¿Qué estamos esperando para incorporarlos?