Hace un par de meses estuvimos analizando con tres ex presidentas ejecutivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Nuria Esparch, Janeyri Boyer y Ana Pari, la importancia de la reforma del servicio civil, algunos de los avances logrados y todo lo que queda pendiente aún.
El reto de implementar el tránsito al servicio civil desde las entidades públicas vino de la mano con una serie de requisitos y documentos que buscaban un proceso óptimo, sin embargo también generó un proceso largo que parecía que no tenía fin, con lo cual, aún con la prioridad política que le dieron algunos gobernantes y funcionarios de alto nivel, debido a los constantes cambios, no se logró implementar a cabalidad.
Cabe señalar que una de las acciones desarrolladas por Servir que nos ha permitido conocer el nivel de preparación y capacitación de los servidores públicos de algunos sistemas administrativos, fueron las evaluaciones realizadas entre el 2014 y el 2020 que presentaron resultados preocupantes. Esto debido a que todos coincidimos que se deben ejecutar mejor los recursos asignados a las entidades públicas para generar bienestar en la población, lo que implica gestionar adecuadamente la inversión pública para tener una mejor infraestructura que garantice la entrega de mejores servicios a los ciudadanos.
Para gestionar de forma óptima la inversión pública, se requiere que los servidores que trabajan en las áreas que se encargan de esos procesos, obviamente conozcan sobre la materia. Pero, no sólo ellos, pues se requiere que el sistema de planeamiento, presupuesto así como abastecimientos de los diferentes niveles de gobierno, funcionen adecuadamente, ya que de lo contrario no es viable la inversión pública.
Algunos de los datos que presentó Servir en su momento fueron los siguientes:
(i) de 2.138 servidores del sistema de planificación evaluados a nivel nacional, el 41% requería capacitación de manera prioritaria, el 44% requería capacitación en la función que desempeñaba y sólo el 2% tenía conocimiento óptimo para la función.
(ii) de 2.623 servidores del sistema de presupuesto evaluados a nivel nacional, el 25% requería capacitación de manera prioritaria, el 42% requería capacitación en la función que desempeñaba y sólo el 9% tenía conocimiento óptimo para la función.
(iii) de 4.062 servidores del sistema de inversión evaluados a nivel nacional, el 51% requería capacitación de manera prioritaria, el 36% requería capacitación en la función que desempeñaba y sólo el 2% tenía conocimiento óptimo para la función.
(iv) de 4.793 servidores del sistema de abastecimientos evaluados a nivel nacional, el 23% requería capacitación de manera prioritaria, el 41% requería capacitación en la función que desempeñaba y sólo el 9% tenía conocimiento óptimo para la función.
Esta realidad que fue recogida en la pre-pandemia, actualmente es conocida por todos. La situación ha ido empeorando, así como la alta rotación en los gobiernos regionales y locales, y en el propio gobierno nacional, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de muchos servidores públicos capacitados que se han reinsertado laboralmente en el sector privado.
Algunos se mantienen aún comprometidos con el país y tenemos nuevos servidores que se han insertado a la administración pública sin la debida formación y capacitación. Sumado a ello, el Congreso no ha cesado en querer desaparecer a Servir y eliminar los procesos metitocráticos para la selección de servidores públicos.
Lo mencionábamos en el diálogo con las tres ex presidentas ejecutivas: esperaríamos que la presidenta de la República cumpla su compromiso de defender y fortalecer Servir, no sólo con la palabra sino con autonomía y recursos.
El 2 de octubre se publicó el Decreto Legislativo Nº1682 que establece el marco normativo para habilitar, garantizar y fortalecer el funcionamiento de la Escuela Nacional de Administración Pública – ENAP.
La ENAP es el órgano de línea académico de Servir, encargado de impartir formación y capacitación en temas de administración y gestión pública para contribuir con el fortalecimiento de capacidades de las personas que prestan o puedan prestar servicios en las entidades de la administración pública.
Esta pareciese ser una buena noticia, quienes deseen ser servidores públicos o ya lo son van a ser capacitados por el Estado, a través de la ENAP, que ya venía trabajando en ello desde su creación. Sin embargo, la norma amplía su ámbito de acción y la oferta formativa, señalando expresamente que se priorizará a los gobiernos regionales y locales. Lo que no queda claro es cómo se va a financiar todo aquello que ahora deberá implementar la ENAP, ya que se señala que será con cargo al presupuesto de Servir sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Todos los que hemos servido al Estado en algún momento de nuestra vida profesional sabemos que lo que no tiene recursos no es una prioridad. El Gobierno Nacional debería tener en cuenta que sólo asignar más recursos a los Gobiernos Regionales y Locales para ejecutar inversión pública no es la solución. Esa asignación debe ir acompañada de una estrategia de asistencia y acompañamiento a los gestores públicos, así como de capacitación y formación para cerrar esa brecha que ya sabemos que existe y que si se mantiene, no se mejorará la calidad de vida de la población y mucho menos se tendrá desarrollo y bienestar.