Perú: El impacto económico de la criminalidad

En un contexto de creciente criminalidad para Sudamérica, donde países como Ecuador enfrentan situaciones de conflicto armado interno, el Perú no es la excepción, pues lidia con un panorama igualmente complejo, marcado por la influencia del crimen organizado con impactos en la economía nacional. Esta tendencia se ve reflejada tanto en el Índice de Crimen Organizado Global (ICOG) 2023 como en el Índice Global de Paz (IGP) 2023, que revela no sólo un incremento en la violencia, sino también en su costo económico.

Según el ICOG, el Perú ha experimentado un deterioro en varios componentes críticos del crimen organizado entre 2021 y 2023. El promedio de criminalidad en el país aumentó de 6,35 a 6,40, lo que a simple vista puede parecernos marginal, pero en el fondo esconde un gran debilitamiento del imperio de la ley y la impunidad.

Este incremento se ve más pronunciado en ciertas áreas, como el tráfico de armas, que subió de 5,50 a 6,50, un indicativo claro de una mayor disponibilidad de armas y potencial para la violencia.

El tráfico y contrabando de personas también ha empeorado, lo que refleja una necesidad por fortalecer las medidas de seguridad y protección para nuestras poblaciones vulnerables. Por su parte, los delitos ambientales, como la minería ilegal, mantienen una calificación alta de 9,00, lo que muestra la persistente lucha contra esta forma de criminalidad que degrada tanto el entorno natural como la estructura económica.

Con respecto al comercio de cocaína, hay un ascenso de 9,00 a 9,50. Este salto no solo ilustra la posición del Perú en el mercado global de narcóticos, sino que también resalta cómo este negocio ilícito está profundizando sus raíces en la sociedad y la economía peruana, alimentando la violencia y la corrupción.

Si bien ha habido un aumento notable en la puntuación de las redes criminales, de 8,00 a 8,50, lo que subraya una mayor complejidad y arraigo del crimen organizado en la sociedad, la escalada más alarmante se observa en los actores estatales incrustados, aquellos que operan dentro de las estructuras del estado, que subió de 7,00 a 7,50, lo que alerta de una preocupante penetración del crimen organizado dentro del aparato estatal.

Sin lugar a dudas, el costo económico de la violencia es un factor significativo que frena nuestro desarrollo como país. Según datos del IGP 2023, el impacto económico per cápita de la violencia asciende a aproximadamente US$1.086 (ajustados por paridad de poder adquisitivo, PPP), lo que representa un coste de casi 5% de nuestro PBI. Este porcentaje no solo refleja una pérdida directa de productividad y de potencial económico, sino que también evidencia la carga que la violencia impone a la estructura socioeconómica de la nación.

Los efectos indirectos de esta violencia se extienden mucho más allá de la esfera económica inmediata. La inversión y el crecimiento económico se ven obstaculizados no solo por la inestabilidad que genera el crimen, sino también porque los recursos que podrían destinarse a áreas vitales como la educación y la salud tienen que ser redirigidos hacia la seguridad y la reconstrucción de las comunidades que han sufrido las consecuencias de la violencia.

Esto representa un ciclo vicioso en el que los fondos necesarios para recuperar la senda de crecimiento, que hoy tanto hace falta a nuestro país, son utilizados para combatir y mitigar los efectos de la criminalidad.

La violencia también tiene un impacto profundo en el bienestar social, pues disminuye la calidad de vida y limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional para los ciudadanos. La inquietante sensación de miedo, vulnerabilidad e inseguridad no solo desgasta el tejido social y afecta a la cohesión comunitaria entre peruanos, sino que también daña las expectativas y perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Necesitamos despertar a la presidenta Boluarte y compañía, el Perú hoy más que nunca requiere de un Gobierno con liderazgo y de gestores públicos que tengan capacidad de resolución y energía para hacer frente a los problemas y desafíos de nuestro país. Aun estamos a tiempo.