A finales de agosto, el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley del Presupuesto Público del 2025. Hay al menos tres puntos que preocupan y que merecen ser analizados.
En primer lugar, el presupuesto del país ha crecido incesantemente año tras año, de poco menos de S/100 mil millones en 2012 (19% del PBI) a poco más de S/200 mil millones (22% del PBI) en 2023. Esto es preocupante, porque pone en evidencia la cultura del derroche de nuestros pilotos de la gestión pública, que se resumen en que no podemos conseguir mejores resultados si no gastamos más. Nada más falso que eso.
De hecho, la propia experiencia peruana de la última década muestra que duplicar o triplicar los recursos destinados a seguridad ciudadana, educación y salud no garantiza una mejora en la calidad del servicio al ciudadano.
En segundo lugar, preocupa que se haya debilitado el consenso por la responsabilidad y prudencia fiscal. A pesar de que por segundo año consecutivo el Consejo Fiscal del Perú recomendó al Ejecutivo ser prudente en la formulación de su presupuesto público, se hizo caso omiso. Lejos de ello, el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028 contempla un aumento del gasto público para el 2025 de casi 4% en términos reales.
Esto no solo traslada prácticamente todo el peso de la consolidación fiscal al siguiente gobierno, sino que resta credibilidad y hace casi imposible el cumplimiento de las reglas fiscales, debido a que restringe el crecimiento del gasto para los próximos años a tasas promedio de 0,4% en términos reales, hecho que no ha sucedido en episodios de ajustes fiscales en las últimas tres décadas.
En tercer lugar, preocupan las continuas iniciativas de gasto del Congreso. A pesar de que el artículo 79 de la Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos, sí puede modificar su distribución (más para un sector; pero menos para otro).
Por ejemplo, los incrementos salariales del 2022 y 2023 en los sectores de Educación y Salud (Leyes Nº 31451, 31552, 31653, 31882, 31916 y 31923), además de la aprobación por insistencia del Bono de Reconocimiento de la ONP (Ley Nº 31729) en abril del 2023, entre otros.
- Apostar fuerte en la tecnología para hacer más con menos. Aun en la era de la inteligencia artificial, gran parte de los servicios públicos del Estado peruano son casi 100% manuales. Estamos muy lejos de ser una ‘govtech’. Por eso, necesitamos urgente comenzar a automatizar muchos procesos repetitivos de cada servicio público para i) agilizar el tiempo de atención, ii) reducir puestos laborales de baja productividad y por ende planillas innecesarias, y iii) ganar espacio fiscal para cerrar otras brechas claves.
- Priorizar la experiencia del usuario a todo nivel para garantizar servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en vez de pensar en construir más colegios, universidades u hospitales, comencemos por destinar más recursos para asegurarnos que los que existen funcionan bien para nuestros ciudadanos y los estamos explotando en su máxima capacidad.
- Potenciar la cultura organizacional de la gestión pública peruana. Es muy fácil distinguir la paja del trigo en altos directivos. Cualquiera puede lograr pequeños avances con altos presupuestos, pero los mejores cuadros profesionales son aquellos que logran grandes resultados incluso con presupuestos austeros. Necesitamos trabajar en un servicio civil con este perfil y mentalidad si queremos que el Perú le gane la guerra a la pobreza y al subdesarrollo.