Ley del impulso del gas natural: Una oportunidad del Congreso para reactivar la economía de las regiones

Hace unas semanas, el Ejecutivo observó la ley del impulso del gas natural que fue recortada y posteriormente aprobada por el pleno del Congreso, en una sesión bastante polémica. Aún tenemos la oportunidad de revertir los recortes realizados y perfeccionar la ley en beneficio de todas las regiones y actividades económicas.

Uno de los recortes realizados por el Parlamento a dicha ley, y que debe revertirse, es la aplicabilidad de las medidas promocionales contenidas para la construcción de redes. Lamentablemente, fueron excluidas las regiones que cuentan con una concesión: Lima, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca, Tacna, Moquegua, Arequipa y Tumbes. En total, son 12 las regiones, en las cuales viven el 71% de los peruanos según INEI, que no podrán acceder a los mecanismos para masificar el gas natural en el corto plazo.

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Estos mecanismos han probado ser altamente exitosos. Por ejemplo, en el 2021, la construcción de redes con fondos del FISE -implementada en Lima y Callao por el Minem- permitió construir en tres meses, 220 kilómetros de red, beneficiando a más de 30 mil familias en los distritos de Ventanilla y Carabayllo. Por este motivo, la construcción de redes con recursos del Estado es de vital importancia para acelerar la masificación de gas natural en todas las regiones. Recordemos que sin redes no hay masificación.

El segundo recorte que debe reponerse es la ansiada tarifa única o mecanismo de compensación, que permitía que los usuarios residenciales, comerciales y vehiculares paguen lo mismo que en Lima y Callao, y puedan usar gas natural. Este esquema traía un efecto multiplicador, es decir, al socializar la demanda con las regiones, permitía que las tarifas en las otras concesiones bajaran mientras se iban construyendo los ductos regionales. La tarifa única también ayuda al sector transporte, al reducir la dependencia del diésel y del GLP, combustibles que importamos y que están en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) generando una presión a la caja fiscal de S/ 500 millones mensuales.

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El uso del gas natural en todo el país y para todas las actividades, debe ser un pilar para el próximo Plan de Competitividad a elaborarse por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Contar con un combustible accesible en las regiones, dinamizará la economía local y generará trabajo directo e indirecto por la construcción de redes, sin dejar de mencionar los beneficios para el sector transporte. Recordemos que nuestro país tiene gas natural para más de 30 años y a un precio regulado que lo hace un 70% más barato de lo que se paga en otros países.

El Congreso puede perfeccionar la ley observada por el Ejecutivo en beneficio de todos los peruanos. Asimismo, el MEF podría reducir y ahorrar los fondos que el país destina al FEPC para el precio del diésel y el GLP, que oscilan en unos US$ 100 millones mensuales frente a los US$ 35 millones anuales del mecanismo de la tarifa única de gas natural.

El Congreso tiene la oportunidad histórica de evitar que el país siga importando combustibles, y de asegurar que contemos con autonomía energética a través del uso masivo de nuestro gas natural. Es urgente tomar acción en beneficio de todos los peruanos.