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La minería artesanal, como la pequeña minería, son intensivas en mano de obra; en el último quinquenio han crecido de manera exponencial, en parte por el incremento significativo del precio del oro (más del 70%). Esta actividad no ha tenido un acompañamiento que permita mejorar en tecnología, productividad, adecuación al marco regulatorio y fiscalización.
También ha habido un crecimiento descontrolado de la minería ilegal que ha incorporado grupos criminales armados, quienes invaden operaciones mineras formales para robar mineral y abastecer a plantas de beneficio constituidas bajo el amparo de la normativa existente. Ellos, a través de métodos violentos y homicidas, acceden al uso de explosivos invocando ser mineros artesanales y/o pequeños mineros “en proceso de formalización”.
Extraídos los minerales, son transportados hacia las plantas de beneficio, por lo general ubicadas en zonas periurbanas costeras. Todo el transporte, tratamiento y venta de los productos finales se regulariza a través de la declaración del mineral procedente de un minero en “proceso de formalización”. Luego se exporta a través de casas comercializadoras, o sale por nuestras fronteras como contrabando, mayormente hacia Bolivia.
La dimensión económica de esta actividad ilegal, que produce más de 2 millones de onzas de oro anualmente (casi US$5.000 millones), nos permite inferir la magnitud de la crisis institucional -léase corrupción- que impacta a nuestro sector público, además de la causa raíz de los crímenes violentos que han devenido en cotidianos, y el riesgo latente de que nuestro país termine siendo un Estado fallido.
La propuesta de una Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) no puede enfocarse en extender el “proceso de formalización” (Reinfo), que tiene más de 8 años sin resultados positivos; ni tampoco en discutir cómo regularizamos el acceso a concesiones de terceros, porque sería una manera deshonrosa de formalizar una invasión ilegal.
Pero tampoco será efectiva con una regulación excluyente como la actual; se debe trabajar en un marco normativo integrador para la actividad minera en sus distintas escalas.
Desde la SNMPE, se propone partir de la premisa de que se requiere un esfuerzo público–privado para alcanzar la trazabilidad plena de la cadena productiva, comercial y financiera, para desterrar lo ilegal y criminal, que cuenta con un aparato piramidal.
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En el ápice se encuentran los beneficiarios finales, que habilitan el capital para el trabajo minero, la compra de insumos críticos y el procesamiento de minerales de dudosa procedencia.
En el centro de la pirámide se encuentran los proveedores de insumos críticos y equipamiento minero y/o metalúrgico, que deben implementar procesos de trazabilidad que aseguren que sus productos no están siendo parte de una cadena productiva ilegal y criminal.
En la base de la pirámide se encuentran los cientos de miles de trabajadores quienes, empujados por la falta de empleo formal, realizan actividades mineras en condiciones inhumanas, y a quienes se les ‘incentiva’ en un ambiente de trabajo exento de todo respecto a la dignidad de una persona.
La Ley MAPE será sostenible cuando integre a los trabajadores que se hallan en la base piramidal, a quienes se debe brindar una adecuada capacitación para sumarlos al proceso de formalización en condiciones dignas.
