A propósito de la tragedia ocurrida con un camión de GLP en Villa El Salvador y la renuncia del presidente de Osinergmin, es bueno recordar el rol que cumplen las entidades reguladoras de servicios públicos y su función de supervisión y fiscalización.
Los organismos reguladores –como Osinergmin, Ositrán, Osiptel y Sunass– fueron creados con el objetivo de normar, regular, supervisar, fiscalizar, sancionar, resolver controversias y atender reclamos de servicios básicos para los ciudadanos, como energía, transporte, comunicaciones, agua y saneamiento, entre otros. De esta manera, se busca garantizar un marco institucional de seguridad y estabilidad en las reglas de juego para promover la inversión privada. Desde su creación, el dinamismo de la inversión en varios de los sectores mencionados ha mejorado la cobertura e incrementado la calidad de los servicios para los consumidores.
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La regulación es vital para ordenar la interacción entre la sociedad, la economía y el ambiente. Los reguladores deben tener un perfil técnico y basar su trabajo en evidencia de las ciencias naturales y sociales. También deben proyectarse a las necesidades futuras de la sociedad, generando una visión de largo plazo.
Sin embargo, para que puedan cumplir efectivamente con sus funciones, requieren de una serie de mecanismos regulatorios y estructuras sociales que los refuercen. Así, la OCDE reconoce, en el marco de política regulatoria y gobernanza, tres componentes necesarios para una regulación efectiva: (i) las políticas; (ii) los actores, instituciones y capacidades; y (iii) los sistemas, procesos y herramientas.
¿Cuentan nuestros reguladores con estos tres componentes alineados? El primero tiene que ver con políticas públicas que comuniquen claramente orientaciones estratégicas que contribuyan con una regulación beneficiosa para la sociedad. Por ejemplo, ¿existe un objetivo de política claro para combatir la ilegalidad y la informalidad?
El segundo se refiere a la acción coordinada de múltiples autoridades en diferentes niveles de gobierno para garantizar la supervisión y fiscalización de la regulación. En el caso mencionado, solo por citar dos ejemplos entre las muchas instituciones involucradas: (i) la municipalidad distrital es responsable de dar la licencia de funcionamiento a la empresa envasadora de GLP y del arreglo de las pistas; y (ii) el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo el otorgamiento de la licencia de conducir de choferes o las revisiones técnicas de las unidades de transporte.
El tercer componente nos lleva a preguntarnos: ¿estas instituciones tienen las capacidades y recursos para cumplir su función? ¿Cuentan con prácticas y procedimientos para hacer cumplir la regulación? ¿Hay sanciones efectivas para los que incumplen?
Lograr resultados regulatorios efectivos es siempre producto de un esfuerzo cooperativo entre el Gobierno, los reguladores, los regulados y la comunidad. Nada ganamos viendo solamente una parte de la película.