Minería en la transición energética: más acción, menos retórica

La última edición de Perumin puso de relieve el rol preponderante de la minería en el marco de la transición energética. Una apuesta más decidida por apuntalar a un “sector descuidado”, según el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), puede acelerar el crecimiento económico y evitar el empobrecimiento de nuestro país. Este año cerraremos con 10 millones de peruanos en pobreza monetaria. Revertir esta situación exige tomar mayor conciencia de la urgencia de recuperar la inversión minera que hoy representa una tercera parte del nivel registrado hace 10 años.

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La importancia de la minería está claramente visibilizada al constatar que la menor pobreza monetaria en Apurímac –la mayor reducción en el país entre el 2019 y el 2022– se atribuye al proyecto Las Bambas, que la producción de Quellaveco evitó que estemos este año en recesión, y que el aporte económico de proveedores mineros mueve ventas por US$10.000 millones todos los años.

Esta realidad puede potenciarse ante la transición energética en el proceso de conversión hacia la electromovilidad, lo que supone duplicar la producción cuprífera para aprovechar la mayor demanda global intensiva en metales críticos, como el cobre. Esto, sin embargo, requiere revertir la contracción de la inversión minera. Según el BCR, la inversión se contraerá 18% este año y 7% el próximo. En la actualidad no hay grandes megaproyectos. Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas ha priorizado proyectos por US$24.000 millones, la realidad es que este año solo logrará destrabar US$950 millones. Pese a los anuncios realizados y a la cartera de proyectos por más de US$50.000 millones, la mayoría de ellos son ampliaciones ante la dificultad de lograr nuevos proyectos.

En este sentido, urge mayor coherencia al interior del Ejecutivo. Entredichos entre el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Energía y Minas opacan los esfuerzos por mejorar el entorno de inversión. La reciente aprobación de la ventanilla única digital minera tendrá la tarea de reducir los elevados costos de transacción que desalientan la inversión. Este esfuerzo no será trivial, pues demanda estandarizar los criterios aplicados por distintos ministerios, cuyos funcionarios no enfrentan sanción alguna ante el incumplimiento de los plazos legales que regulan el otorgamiento de permisos ambientales y otros trámites administrativos. ¡Hay casos en los que la aprobación de una declaración de impacto ambiental en un proyecto de exploración minera supera 10 veces el plazo legal y no pasa nada!

Mención especial merece la ausencia de políticas efectivas para lidiar con la minería ilegal. Las políticas de formalización han fracasado y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha servido para lavarle la cara a algunos ilegales. Ante presiones de grupos de interés, las sucesivas prórrogas aprobadas por el Congreso para culminar el proceso de registro en el Reinfo desincentivan el proceso de formalización y otorgan un manto de legalidad a la proliferación de actividades ilícitas. Según la publicación “Las economías criminales y su impacto en el Perú” (Valdez, R., Basombrío, C., & Vera, D., 2021), la minería informal ocupa 25 millones de hectáreas del territorio nacional. En el caso de la producción aurífera, la ilegal representa cerca de una tercera parte de la producción formal, equivalente a US$2.500 millones. Peor aún, en el caso de La Libertad, las empresas mineras formales están siendo extorsionadas por bandas criminales organizadas. Esto ha obligado a multiplicar por 10 la inversión en seguridad privada ante la inefectividad del estado de emergencia decretado.

En materia energética, tenemos la gran oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales para una transición que equilibre los objetivos de sostenibilidad, competitividad y seguridad en el suministro. Nuestro gas natural es barato, a diferencia de Chile que importa gas caro y aún está en proceso de reducir su dependencia del carbón, que ocupa más del 20% de su matriz energética. La termoenergía y la hidroenergía, que conjuntamente suman un 80% de la matriz energética peruana, nos posicionan ventajosamente para incorporar las energías renovables no convencionales (8% de la matriz) sin incurrir en políticas distorsionantes o antitécnicas. Para lograrlo, será fundamental conservar la libertad del sector privado durante el desarrollo de esta transición y mantener un regulador que promueva normas habilitantes para todas las tecnologías.

Las oportunidades que se presentan son enormes, pero demandan mayor voluntad política y políticas públicas efectivas para lograr un cabal aprovechamiento de nuestros recursos naturales. La minería en el marco de la transición energética puede acelerar nuestro crecimiento y, a la vez, contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos adquirido. Indudablemente, esta agenda pasa también por aprovechar la renta minera en beneficio de la población, donde la clave recae en mejorar y transparentar la gestión pública.

Si no queremos perder la actual ventana de oportunidad, urge mayor acción y menos retórica.