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Uno de los graves problemas de la infraestructura gestionada por el sector público es la falta de un adecuado mantenimiento. En las obras concesionadas, está claramente estipulada la obligación contractual de un mantenimiento adecuado de la infraestructura.
Una de las principales labores de los organismos supervisores es justamente verificar el estado adecuado de las obras construidas. Sin embargo, esta misma severidad no se observa en el caso de las obras gestionadas por los ministerios. Nadie penaliza a los funcionarios públicos, como sí se hace en el caso de un contrato privado de concesión si la infraestructura se encuentra mal mantenida.
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Desde un punto de vista político, es mucho más atractivo gastar la partida de mantenimiento en construir una obra nueva que en mantener las existentes.
El caso de las obras viales es claro. La falta de mantenimiento ha ocasionado que la carretera Panamericana se rehaga varias veces durante las últimas décadas. Haberla mantenido adecuadamente hubiera sido mucho más eficiente. Este problema se extiende a la infraestructura social. De los 55 mil colegios a nivel nacional, se estima que más del 80% requiere una habilitación puntual y el 38% requiere sustitución total.
Para enfrentar este problema el Ministerio de Educación (Minedu) el 2015 separó las labores de planificación de la infraestructura de la ejecución de las mismas. Ahora se cuenta con un inventario priorizado de todos los locales educativos existentes. Comenzar por mejorar la infraestructura existente debería ser prioritario antes que construir obras nuevas.
El Minedu ha avanzado en elaborar modelos sistémicos de colegios por bioclimas. Hay cinco modelos estandarizados que permiten reducir costos de construcción y fiscalizar mejor la corrupción en las obras. Fueron seleccionados mediante un concurso público para generar infraestructura adecuada a nuestra variada geografía. En junio de este año se espera completar los expedientes en el sistema nacional de inversión pública para que el Gobierno Central pueda iniciar la ejecución de obras. El reto es alinear los intereses de las autoridades locales y regionales también.
El inventario con el que cuenta el Minedu ya se está convirtiendo en una herramienta para que las autoridades locales puedan identificar los colegios prioritarios a ser intervenidos según su nivel de riesgo.
Lamentablemente, muchas veces las decisiones de las autoridades locales son políticas o sentimentales. Se prioriza las obras de su pueblo o de sus amigos, antes que los colegios que necesitan intervención urgente. Pero con esta herramienta, ahora se puede medir el estado de la infraestructura educativa de cada autoridad local, cuando iniciaron su gestión y cuando la culminaron.
Se podría premiar presupuestalmente a las autoridades que mejor han mantenido su infraestructura educativa. El tema no debería parar en educación. Debería extenderse a otros sectores como los de salud o infraestructura de riego, por ejemplo.
