El mito de la gran reforma, por Carlos Ganoza

El Perú es un país notoriamente sobrediagnosticado. Invertir más en infraestructura, mejorar la educación, fomentar la innovación, reducir las barreras a la inversión privada son parte de un largo etcétera de recetas que se han repetido hasta el cansancio en cuanto foro de empresarios, economistas y tecnócratas ha habido en los últimos 20 años y en todos los planes de competitividad que han producido tanto el sector público como el privado. 

Creo que, con alguno que otro matiz, la gran mayoría de personas informadas sobre políticas públicas y sin un ancla ideológica suscribiría al menos el 70% de ese recetario. 

►El resto del iceberg, por Juan Carlos Odar

►Agua: un paso adelante, dos atrás, por José Luis Bonifaz
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Si es así, ¿por qué diablos no avanzamos nada –o lo hacemos lentísimo– en estos temas? 

Mi hipótesis es que el impulso que se hace por estas reformas desde la sociedad civil descansa en dos premisas erradas. La primera es que es necesario hacer un ‘big bang’ legal, con grandes leyes que van a cambiar nuestra realidad. La segunda es que necesitamos un líder que tenga el coraje para hacer las reformas. 

Estas premisas son falsas por insuficientes. Es cierto que muchas veces el marco legal tiene que ser cambiado, y eso requiere liderazgo. Pero si ambas cosas no van acompañadas por instituciones que puedan llevar adelante los cambios y hacerlos sostenibles, nada va a ocurrir. 

El caso de la infraestructura es paradigmático. 

Los marcos legales de la inversión en asociaciones público-privadas y de inversión pública han sido cambiados varias veces en los últimos 10 años, siempre tratando de seguir buenas prácticas internacionales y de atender los problemas que impidieron que se lograran los objetivos de la última reforma. Y, sin embargo, seguimos muy atrasados, con proyectos mal priorizados y de mala calidad, que se ejecutan tarde, mal y nunca, y donde permanentemente asoma la corrupción. 

Lo más urgente no es volver a hacer cambiar las normas, sino construir institucionalidad de abajo hacia arriba.

Para que un proyecto de infraestructura se diseñe y ejecute bien, se requiere que muchas personas en lugares distintos del Estado tomen decisiones correctas en el momento correcto. Una ley o reglamento no alinea mágicamente a todos los funcionarios involucrados. Para eso se tiene que cambiar las reglas implícitas de cómo funcionan las oficinas de inversión pública, los incentivos de los funcionarios, los sistemas con los que trabajan, la estructura de toma de decisiones en sus organizaciones, sus competencias y conocimientos, la cultura en la que operan. Construir esta institucionalidad de abajo hacia arriba es laborioso y nada glamoroso. Pero sin ella no habrá reforma que funcione. Pero las propuestas de la sociedad civil nunca tratan sobre eso. 

Y cuando hubo un intento, por ejemplo con la reforma de Pro Inversión de fines del 2016, rápidamente se deshizo sin que a nadie pareciera importarle mucho. Sin embargo, nos seguimos quejando de que no avanzamos en infraestructura. ¿Por qué será?