Necesitamos corregir el rumbo del país

La crisis económica, política y social que vive actualmente el Perú no se debe sólo al incremento del costo de vida por la situación política internacional, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania (que también nos afecta). Su real origen se centra en una serie de desaciertos cometidos por el Gobierno, que han frenado el potencial de desarrollo y crecimiento de nuestra economía, y por ende el incremento del bienestar de la población.

Esta situación viene generando pérdidas de empleos, aumento de la pobreza, disminución de las inversiones y cada vez más pérdida de la confianza en el país, al punto que venimos desperdiciando la oportunidad de que nuestro PBI crezca a tasas superiores al 5%.

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Este desalentador panorama surge debido a que el actual Gobierno no ha sabido establecer medidas adecuadas que permitan impulsar nuestros sectores económicos y productivos, reactivando nuestra economía y generando un clima de negocios sano, seguro y competitivo.

Por el contrario, el Gobierno ha optado por pésimas decisiones, que han dañado las bases de nuestra –hasta hace unos años– sólida economía. Entre estas acciones, el insistir con la Asamblea Constituyente, el provocar el cierre de minas, el no resolver los conflictos sociales, etc. Además de la reciente promulgación del Decreto Supremo 001-2022-TR, que restringe la tercerización de servicios, atentando contra el empleo y el desarrollo de la inversión en el Perú, que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, ignorando las recomendaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y sin el análisis técnico del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). Asimismo, resalta el reciente incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), decisión que tampoco pasó por un análisis del CNT ignorando de esa manera la opinión de los trabajadores y de los empleadores. Estas decisiones –que han vulnerado la institucionalidad del CNT– ya vienen afectando fuertemente la generación del empleo y a la ya alicaída formalidad en el país.

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Medidas como estas, además de otras que vienen aprobándose en el Congreso, están afectando la sostenibilidad de las empresas y productores agrarios, liquidando los márgenes y quitándole competitividad; han provocado que los efectos de la situación externa sean aún más graves en el país, ocasionando inflación, incremento del costo de vida, incremento de los costos de producción y de los préstamos, desempleo y escasez, llevando todo ello a una lógica insatisfacción de la ciudadanía, que poco a poco viene perdiendo la confianza en el Poder Ejecutivo, el cual demuestra que no tienen las condiciones para darle estabilidad y futuro al país.

Pero ¿qué debe hacer el Gobierno? Todo gobierno debe tener primero, respeto a la población, a los trabajadores y empleadores, a las instituciones públicas y privadas; segundo, actuar con transparencia y sin corrupción; tercero, contar con un equipo de profesionales eficientes, con amplia experiencia e intachables, que actúe sin ideologías y busquen el desarrollo competitivo y productivo del país, en un trabajo articulado con las instituciones del sector privado; cuarto, mejorar drásticamente la regulación sectorial y transversal, que devuelva la competitividad y la confianza para invertir y atraer inversión para generar empleo formal; quinto, mantener la paz social y dar seguridad jurídica de largo plazo; entre otras muchas acciones que lamentablemente no ha hecho en estos casi nueve meses de gobierno.

No sé si el actual Gobierno podrá revertir la situación extrema al que nos está sometiendo. Por lo que vivimos todos los peruanos en estos meses parece muy difícil que pueda ocurrir.