Se inicia un nuevo Gobierno y dentro de las prioridades del presidente Castillo se debería encontrar la generación de empleos formales, empezando por los muchos que se han perdido durante la pandemia. Para ello se requiere un plan de fomento para que las empresas – de cualquier tamaño – se vean atraídas para contratar a través de relaciones laborales formales.
En esta oportunidad, en vez de mencionar qué debería hacer el nuevo Gobierno para cumplir con el objetivo antes mencionado, haremos lo contrario, recomendaremos que no debería hacerse para ello.
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En primer lugar, no se debería restringir la posibilidad de que las entidades empleadoras utilicen contratos de trabajo sujetos a modalidad o a plazo fijo, más aún en las circunstancias económicas y sanitarias en las que nos encontramos. Tampoco es oportuno que se piense en la reducción de la jornada de trabajo, medida que ha sido criticada en Colombia por los efectos negativos que eso genera en la formalidad de las relaciones laborales.
De otro lado, en un país donde existe estabilidad laboral absoluta no tiene ningún sentido disminuir el periodo de prueba de los trabajadores ordinarios, pues la empresa requiere de un tiempo para conocer si el trabajador cumple con las condiciones para quedarse indefinidamente.
Siguiendo con los efectos de la estabilidad laboral absoluta tampoco sería viable que se establezca un procedimiento judicial o administrativo previo para poder despedir a los trabajadores por causa justa, lo que podría llevar a tener laborando en la empresa a una persona que cometió una falta por todo el tiempo que se demoren en resolver. Asimismo, tampoco se debería limitar – aún más - la posibilidad de utilizar los mecanismos de la suspensión perfecta de labores o de los ceses colectivos, como pretende hacerlo una nueva congresista. Habría que avisarle que hoy esos mecanismos, en la práctica, son inviables. No cabe tampoco el incremento de la indemnización por despido arbitrario si no se revisan los alcances de la estabilidad absoluta que hoy existe en el Perú.
Medidas como la implementación de salas cuna, la extensión de los plazos de prescripción de las obligaciones laborales, la penalización de los incumplimientos laborales y la creación de nuevos derechos no ayudarán a la generación de puestos de trabajo. Solo seguiremos cargando de beneficios al 20% de los peruanos, manteniendo en el olvido al 80%.
Consideramos peligroso eliminar los pocos regímenes laborales especiales que aún quedan como son los referidos a las micro y pequeñas empresas, que por lo menos hoy tienen una justificación para su mantenimiento.
Otro punto importante que consideramos debe evitarse es la agresiva actuación sancionadora y recaudadora que viene teniendo la SUNAFIL donde se ha perdido de vista que su finalidad es buscar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
En los últimos años hemos ingresado en una etapa de generación de nuevos derechos laborales que no ayudan a la formalización de las relaciones de trabajo, sino todo lo contrario y que generan un efecto de irreversibilidad de las normas laborales, a partir del cual es muy difícil volver para atrás. Tengamos mucho cuidado al momento legislar en materia laboral.
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