El futuro de la minería en peligro, por Marcial García

En caída libre. Lamentablemente, esa es la mejor forma de describir lo que está sucediendo con la exploración minera en el país. La inversión en esta actividad muestra una marcada tendencia a la baja desde que alcanzó su pico en el 2012. Mientras que en ese año ésta superó los US$ 905 millones, en el 2020 llegó a US$ 224 millones. La diferencia es enorme y este año no pinta mejor.

Esto preocupa porque la exploración es la base para el desarrollo y la sostenibilidad del sector minero en el largo plazo. Gracias a ella pueden descubrirse nuevos yacimientos, ampliarse o reponerse las reservas de las minas ya existentes, se generan trabajos, hay inversión y, eventualmente, mayor producción que permite recaudar tributos que el Estado puede usar luego para financiar, entre otras cosas, salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales.

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Algunas causas de este retroceso son bien conocidas, pues se arrastran desde hace mucho tiempo, como el mal manejo de los conflictos sociales de parte del Estado, las trabas burocráticas y la sobrerregulación. Una muestra de esto último es que, según el gremio minero, existen más de 250 trámites solo para la exploración que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión entre las empresas del rubro. Esto, desde luego, desincentiva la inversión.

Para emporar las cosas, ahora se suma la incertidumbre que despiertan los mensajes y señales contradictorias del Gobierno frente a la asamblea constituyente, la estatización de los recursos naturales y sus planes de elevar aún más la carga tributaria minera mediante las facultades legislativas solicitadas al Congreso. No hay un rumbo claro en la conducción del sector, ni del país en general.

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Estas idas y venidas no hacen sino alimentar la inestabilidad y desconfianza entre los empresarios mineros, ahuyentando cualquier nueva inversión en exploración. ¿Quién va a atreverse a apostar por una actividad tan riesgosa sin tener claridad sobre las principales reglas de juego? La ambivalencia endémica de la administración del presidente Castillo le hace mucho daño al país, por su impacto en la inversión, el crecimiento, el empleo y la reducción de la pobreza.

Los altos precios de los minerales hacen más atractivos los proyectos mineros para el inversionista. Sin embargo, si pronto no se hace algo para resolver los problemas generados por el propio Estado que dificultan sacarlos adelante, puede muy bien que acabemos desaprovechando estas afortunadas circunstancias para captar los capitales que hoy tanto se necesitan.

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Fue positivo que en su presentación ante el Congreso la titular de la PCM haya reconocido la importancia de la inversión privada, pero no suficiente para generar confianza. Le faltó explicar qué acciones concretas piensa tomar para destrabar los cuellos de botella que impiden poner en valor nuestras riquezas geológicas. El futuro de la minería depende de lo que se haga o deje de hacer hoy.

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