El pasado 17 de julio fue sancionada la Ley 31.841 por el Congreso del Perú, creando la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con autonomía funcional, administrativa, técnica y económica. En ese contexto, hay grandes desafíos por delante para alcanzar la recuperación económica del país y al mismo tiempo dar respuesta a la previsión de eventos climáticos extremos por venir, luego de la llegada de un nuevo ciclo de El Niño 2023-2024.
La decisión parece sumamente acertada, en cuanto significa capacidad de reacción frente a la adversidad, innovación a través de un enfoque diferente orientado a concentrar y hacer eficiente la respuesta al desarrollo de infraestructura a través de una mayor profesionalización, transparencia y orientación al servicio de la inversión en infraestructura.
Pero, ¿es esto suficiente para garantizar una fórmula de éxito? Durante la Segunda Mesa de Diálogo para la creación de la ANIN en el Perú, señalamos cuatro ejes centrales: a) planeación basada en evidencia científica, y convalidada con la comunidad; b) gestión pública justa y equitativa a escala de cada proyecto; c) enfoque de acción compatible con el clima y d) garantía de rentabilidad social con el eje puesto en los grupos más vulnerables y la potenciación del liderazgo de equipos jóvenes.
Ahora viene por delante el desafío de lograr una pronta y eficaz reglamentación de la nueva Ley. Será importante entonces que el reglamento se atenga al espíritu de la legislación para que la infraestructura pueda desarrollarse en la dirección correcta, de manera transparente y en tiempo oportuno. Las normas empoderan la toma de decisiones con el objetivo de promover el Bien Común. Será necesario tener preparada una estrategia para hacer despegar rápidamente a la ANIN, con una reglamentación con suficientes “dientes” e idealmente la consulta pública oportuna del nuevo reglamento.
Estamos al inicio de un proceso complejo e intenso que abarca diversos aspectos, desde la democratización en la toma de decisiones, hasta una planificación sólida, pasando por la transparencia en la explicación de los costos de las obras y el acceso al seguimiento en tiempo real de los proyectos, incorporando enfoques innovadores a todos los niveles (tecnológico, social y de procesos). Asimismo, se debe realizar un análisis serio de las implicancias asociadas al cambio climático y establecer un enfoque de priorización y beneficio para las comunidades más vulnerables.
Será clave que la ANIN se constituya en una plataforma sólida de colección de información y toma de decisiones para proyectos en los tres niveles de gobierno, a través de un diálogo potenciado en tiempo real con todas las instancias de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil, sin olvidar pueblos indígenas y comunidades campesinas.
En definitiva, el desarrollo de infraestructura es una poderosa llave de acción multi-dimensional en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Metas Globales). Su objetivo debe ser buscar la máxima inclusividad, basándose en un enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), a todo lo cual el Perú ha adherido en el Derecho internacional, pero ahora debe llevar al siguiente nivel, en la realidad, para no dejar a nadie atrás.
