Los primeros 100 días en lo laboral: Falta un norte claro, por Jorge Toyama Miyagusuku

Los primeros 100 días no han sido aprovechados por el gobierno para fijar un norte claro en materia laboral y busque revertir la destrucción del empleo y el grave aumento de la informalidad. Tampoco se ha empezado a gestar la creación de un necesario sistema de protección social para la mayoría de los peruanos, que la pandemia puso en evidencia. Repasemos brevemente las principales acciones.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia sanitaria hasta marzo de 2022 pero, contradictoriamente, suprimió la suspensión perfecta de labores. ¿Resultado? Se estima que unos 5 mil trabajadores perdieron su empleo y se sabe de algunas empresas que se han liquidado como consecuencia de esta medida. Debería restituirse hasta el fin de la emergencia, al menos para los sectores que aún enfrentan restricciones.

Mira: El Grupo Auna abriría una aseguradora, ¿qué oportunidades existen en el sector?

La pandemia reconfirmó la principal consecuencia de la alta informalidad que subió a más del 75% de la PEA: la desprotección social. No hay aseguramiento para atenciones médicas, no hay pensiones de jubilación y menos pensiones de sobrevivencia o asistencia para defunciones, para la mayoría de los peruanos ¿Qué planes y políticas concretas permitirán que los trabajadores, asalariados e independientes tengan un seguro social? ¿Cuántos empleos formales, con protección social, se deben recuperar? Casi medio millón. ¿Cuántos trabajadores no tienen seguros? Doce millones más sus familias.

Es prioritario que los peruanos veamos un gobierno que genere las mejores condiciones para la recuperación del empleo destruido, que persuada a las empresas y trabajadores de la importancia de asegurarse, pero, sobre todo, que amplíe la base de asegurados y haga del “seguro” la nueva forma de identificación peruana (“El DNI social”).

Mira: Indecopi aplicará una reforma del Sistema de Protección al Consumidor

Lamentablemente, las acciones del gobierno y todas las iniciativas que se ponen en discusión se concentran, principalmente, en el mundo formal y, en ocasiones en la gran empresa, donde ya existen diversas formas de control de potenciales abusos (sindicatos, clientes, línea ética y gobierno corporativo, redes sociales, etc.). Las fiscalizaciones de los congresistas, la actuación de funcionarios, las inspecciones de Sunafil, los proyectos de ley, etc. tendrían mucho mayor impacto si se centran en el sector informal. La prioridad debe estar en los dos tercios de peruanos donde, más que el debate de acceder a los beneficios que sí está en capacidad de proveer la gran empresa se necesita con urgencia acceder a una previsión social familiar integral.

Mira: BCR emite moneda de S/ 1 en homenaje a Toribio Rodríguez de Mendoza

Las crisis económica, sanitaria y política han agravado la desprotección social. La globalización trae una complicación más: el Perú compite ahora con todos los países para atraer inversiones, para generar nuevos puestos de trabajo asegurados y también compite para que el trabajo remoto para el Perú se haga en el Perú y no desde otros países, como viene sucediendo. Un problema más es que la población está envejeciendo y en 15 años se requerirá de al menos un tercio más de contribuyentes, para asegurar a los jubilados y no los tenemos.

Es imperativo que todas las autoridades (incluido el Congreso) prioricen, obsesivamente, las medidas que busquen proveer protección a los más de doce millones de peruanos que no tienen seguro. Primero es la vida, la salud, luego la CTS.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

• Majes Siguas II y Chavimochic III: Inversiones agrarias por US$950 millones están paralizadas
• ¿Es posible que la creación de puestos de trabajo formales sea atractiva para las empresas?
• Congreso propone que ‘deliveries’ de aplicativos móviles tengan contratos por plazo indefinido
• Rappi: El ingreso a nuevos servicios, ganancias de repartidores y qué opina sobre posible regulación | Entrevista