Marcial García

Esta semana se realiza en Sídney, Australia, uno de los eventos mineros de mayor trascendencia de la región Asia Pacifico y, por cierto, del mundo. Se trata de la décima edición del Congreso IMARC, que reúne en un solo lugar a más de 8.000 asistentes de unos 100 países.

Una vez más participa en la cita una delegación peruana integrada por autoridades, empresarios y representantes de diversas instituciones vinculadas al sector, cuyo reto es atraer más capitales extranjeros e impulsar la actual cartera de proyectos mineros que están pendientes y que representan inversiones por más de US$53.100 millones.

Este encuentro permitirá al Perú lucirse en una de las más importantes vitrinas de la industria a nivel global y brinda una oportunidad única para dar a conocer nuestras fortalezas competitivas y levantar el perfil del país como destino para la inversión minera, en momentos en que el flujo de capitales viene cayendo y la situación de la economía nacional se vuelve cada vez más complicada.

La inversión en el sector registraría un retroceso de cerca del 20% al cierre del 2023, uno de sus peores resultados en 10 años, dada la ausencia de grandes proyectos en etapa de desarrollo que llenen el vacío dejado por Quellaveco. Es un duro golpe para la economía del país, que enfrenta una posible contracción. Ello pese a que los precios de los minerales se mantienen relativamente altos y a que las perspectivas para el cobre, -nuestro principal producto de exportación- son particularmente alentadoras por el cambio de matriz energética.

Uno de los principales factores detrás del enfriamiento de la economía peruana está asociado a la falta de predictibilidad y de confianza empresarial para ejecutar nuevos proyectos. El menor dinamismo de la inversión minera tiene un gran impacto tanto sobre las economías regionales como en el agregado nacional y limita el enorme potencial del sector como motor de desarrollo económico y social. No olvidemos que, sin inversión no hay crecimiento, ni generación de empleo, ni mayores tributos para financiar la infraestructura y los servicios públicos que la población demanda.

Para recuperar el tiempo perdido, necesitamos ser más proactivos en la promoción de la inversión en el sector. Y para eso, claro, no basta con repetir en foros internacionales que somos un país minero, que tenemos un enorme potencial geológico, una larga lista de proyectos, costos más bajos que otras jurisdicciones, mano de obra calificada, entre otras ventajas competitivas para el desarrollo de esta actividad.

Todo eso ayuda, pero no es suficiente. Para que cualquier esfuerzo de este tipo tenga posibilidades de ser exitoso, paralelamente el Gobierno debe dar mensajes claros y sin ambigüedades para reconstruir la confianza y la credibilidad del Perú. También tiene que avanzar más rápido en la implementación de las reformas anunciadas para agilizar los trámites burocráticos para sacar adelante un proyecto. Pero, sobre todo, debe tener mayor previsión para evitar que vuelvan a estallar conflictos sociales. El nuevo ciclo de expansión de la demanda de minerales como el cobre debe ser aprovechado mientras dure.