Alejandro Indacochea

La decisión del ministro de Economía y Finanzas José Arista, de remover al directorio de Petro-Perú y que regrese a Fonafe ha sido la más adecuada.

Como señaló el ministro, los ex directores de Petro-Perú mintieron al país siendo funcionarios públicos, por lo cual deberían ser denunciados e investigados por la Fiscalía. El ex titular del Ministerio de Energía y Minas (Óscar Vera) es directamente responsable y participe de este acto de engaño al país.

También se tiene que investigar cómo se autorizó, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, la construcción de una nueva refinería, la cual ha resultado costando cinco veces su costo original, que era de US$1.334 millones, y hoy supera US$6.500 millones.

Perú-Petro también tiene que ser reorganizado y su directorio debe explicar al país cuál fue la evaluación técnica y económica y los criterios que empleó para calificar y otorgar lotes petroleros a Petro-Perú, una empresa que durante más de 50 años dejó de explotar petróleo y que se encuentra económicamente quebrada.

El nuevo directorio de Petro-Perú debe deslindar responsabilidades y convocar a una auditoria, además de poner de conocimiento público el informe de reestructuración de Arthur D Little, que fue ocultado al país por la anterior administración.

Si el directorio conoce de actos de corrupción, permanece indiferente o no hace nada, se convierte en cómplice, ya que de ese modo está encubriendo a los responsables del mal manejo.

El tema central para el país es definir: ¿Qué queremos hacer de Petro-Perú en el futuro? ¿Cuál es su visión o su razón de ser? ¿Cuál es el objetivo nacional que se persigue?


Si no hay visión alguna y no se tiene claro lo que queremos hacer a futuro con Petro-Perú, corremos el riesgo de que todo siga igual.

¿Queremos relanzar la empresa para posteriormente privatizarla? Hoy no es posible la privatización porque la deuda de Petro-Perú es cuatro veces su patrimonio y tendríamos, más bien, que pagar (a alguien) para que se lleve a la empresa, al estar prácticamente en quiebra.

¿Queremos a Petro-Perú solamente para que abastezca de combustible a las zonas alejadas del país? El servicio puede ser subastado eficientemente con otros operadores ya que Petro-Perú participa con menos del 30% del mercado de combustibles a nivel nacional.

¿Queremos que Petro-Perú regresé después de más de 50 años a ser un operador petrolero? Habría que preguntarse si Petro-Perú tiene la capacidad económica y la experiencia técnica para competir con las empresas petroleras a nivel internacional.

¿Queremos tener una empresa emblemática para el país, argumentando que es una empresa “estratégica” (concepto obsoleto de la época del Velazcato que hoy en día es usado como un membrete para encubrir cualquier cosa)? Qué es más estratégico que atender a los comedores populares, dar desayunos escolares, atender a la anemia infantil o brindar seguridad ciudadana.

En definitiva, el país no puede seguir perdiendo dinero a base de promesas que no se cumplen, teniendo necesidades apremiantes en educación, salud y seguridad ciudadana.

Lo más conveniente es que se proceda a la reestructuración de la empresa, mediante su división en unidades de negocio a fin de tomar las decisiones más adecuadas cómo: vender, concesionar, liquidar activos y reorganizar la empresa con un programa de incentivos.

Si este es el objetivo, se debería entonces: buscar a un operador internacional para la refinería de Talara, licitar los lotes petroleros (I, VI y Z-69) para que los operen quiénes tengan la capacidad técnica y financiera para su explotación, licitar la concesión de gas natural suroeste (administrada por Petro-Perú), buscar socios estratégicos para las refinerías de Bagua y Pucallpa, viendo su reconversión a bio-refinerías y vender inmuebles, como el edificio de Petro-Perú, entre otras acciones.

Sino tenemos en claro a dónde vamos con Petro-Perú. corremos el riesgo de seguir igual y con las mismas pérdidas para el país. Por ello tenemos que definir: ¿Qué queremos hacer con Petro-Perú?

Alejandro Indacochea es analista económico y político.