En Perú, un sondeo del INEI señala que hasta junio de 2017 hay 2,415.900 personas sin empleo. (Foto: El Comercio)
En Perú, un sondeo del INEI señala que hasta junio de 2017 hay 2,415.900 personas sin empleo. (Foto: El Comercio)
Gonzalo Carranza

Dentro del intenso debate que ha generado la presentación del informe final de la (CPS) nombrada por el Gobierno, un tema ha quedado fuera de los reflectores: la creación del .

Esto se debe a que la conclusión de la CPS fue que esta propuesta de campaña de Peruanos por el Kambio (PpK) es, sencillamente, inviable. El investigador principal de Grade y miembro de la CPS, Miguel Jaramillo, fue muy claro al exponer -durante la presentación del informe el lunes pasado- los problemas de cobertura que tendría este esquema de aseguramiento.

Según Jaramillo, el desafío actual no es el desempleo, sino la extremadamente rígida protección del empleo y las distorsiones que ha generado. Somos un país con un mínimo de despidos y una exagerada proporción de contratos a plazo fijo.

Lo que me sorprendía mientras escuchaba a Jaramillo, cuyas conclusiones se basan en datos del mercado laboral del 2010 al 2016, era recordar cómo la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski sufrió una hemorragia de capital político por incluir en su plan de gobierno una propuesta que, con un poco más de estudio, terminó siendo decretada inviable.

Recordaba, por ejemplo, el debate técnico de la segunda vuelta, donde en tres bloques distintos los representantes de Fuerza Popular le enrostraron a sus rivales de PpK la cara menos amable de su iniciativa de seguro de desempleo: la desaparición (o, en términos más precisos, el progresivo reemplazo) de la CTS. Bastaba esta mención para poner a la defensiva a los técnicos ppkausas.

El punto de esta reflexión es que la poca discusión actual sobre el seguro de desempleo no debería pasar desapercibida, sino servir de recordatorio a los partidos políticos y a los votantes de que incluso a los mejores técnicos se les pueden ocurrir propuestas que mezclan lo impopular con lo inviable. Y, sobre esto último, bien harían los partidos y sus técnicos en buscar más activamente la participación de la academia y de los centros de pensamiento antes de plasmar ese tipo de ideas en un plan de gobierno o un proyecto de ley. El papel no aguanta todo.

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