Para ponernos de acuerdo, por Caroline Gibu

A principios de la pandemia, mucho antes que se decretara la emergencia sanitaria en Perú, escuchábamos las noticias de Wuhan y el tráfico de animales silvestres como murciélagos y pangolines, que inmediatamente fueron sindicados como los culpables de transmitir el virus que pronto llegó de China a Europa y América. Mi hija me preguntó en su momento cómo un animal tan lindo como el pangolín asiático, un extraño mamífero con escamas, podía ser la causa de que todos tuvieran que permanecer en sus casas.

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La pandemia de la COVID-19 nos enseña que la actividad humana descontrolada genera desbalances que impactan en todas las formas de vida de nuestro planeta; y como país rico en diversidad, pero frágil ante cualquier desastre natural o inducidos por las personas, requerimos generar respuestas oportunas, que aseguren participación y desarrollo sostenible.

Un gran ejemplo de cómo proceder es la buena práctica llevada a cabo por el Ministerio del Ambiente para la construcción participativa del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, ganadora del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020. El esfuerzo ha sido titánico, durante cerca de dos años, se llevaron a cabo 48 talleres multiactor para sensibilizar sobre la temática, construir la norma y generar participación informada, donde resalta la participación de 2000 representantes de la sociedad civil; y el desarrollo de la Consulta Previa con los pueblos indígenas, que tuvo la intervención directa de 1433 líderes y lideresas indígenas de todo el Perú.

Como resultado, además de contar con un reglamento consensuado, la Consulta Previa ha permitido la creación de la Plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático – PPICC”, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo de París.

¿Qué lecciones nos deja este proceso?

Un primer aspecto a tomar en cuenta, es reflexionar sobre los objetivos en común que tiene el Estado y los actores a ser consultados. Cada actor puede tener objetivos específicos y propios, pero visibilizar lo que se aspira en común, ayuda a definir políticas y acciones más inclusivas.

Por otro lado, un proceso participativo multiactor, multisectorial y multinivel previo a cualquier consulta ampliada, permite afianzar voluntades y diseñar colaborativamente el proceso de consulta.

Así mismo, los enfoques de género, de interculturalidad e intergeneracional deben ser incluidos desde la identificación del problema y el diseño de herramientas de consulta y participación, pues ello hará que la consulta puede llegar a más personas.

Para ponernos de acuerdo, necesitamos dialogar, y un proceso de consulta debe ser visto como un diálogo de iguales; por tanto, este diálogo debe ser directo, honesto, horizontal y propositivo, tomando en cuenta que un actor no podrá avanzar sin la participación del otro. Esta es la lección más importante de cara al Bicentenario, reconocernos iguales a pesar de nuestras diferencias.

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